El Ejecutivo provincial respondió este viernes al pedido de informes del bloque de senadores del PJ sobre la Caja de Jubilaciones y Pensiones, incluso antes de que el texto tome estado parlamentario en el Senado.

Desde la Casa Gris sostienen que la difusión previa del requerimiento buscó instalar sospechas y condicionar el debate por una eventual reforma previsional. Por eso, el Gobierno buscó fijar agenda con un descargo que apela a la transparencia y a la crítica de “años sin controles”.

El pedido opositor apunta al déficit de la Caja, los mecanismos de compensación con ANSES y el estado administrativo del organismo. La respuesta oficial enumeró gestiones ante el Estado Nacional, auditorías técnicas, convenios de financiamiento y acciones para recuperar recursos adeudados.

Como dato central, el Ejecutivo afirmó que en 2024 y 2025 la Provincia percibió cerca de 74.000 millones de pesos por financiamiento previsional nacional, en el marco de acuerdos con ANSES. La gestión lo presentó como evidencia de transferencias reactivadas y ampliadas.

En control interno, informó auditorías cerradas de 2017–2020 y una auditoría técnica en curso de 2021. El oficialismo insiste en que sin esos informes no hay base para cuantificar el reclamo ni sostener la estrategia administrativa y judicial.

Además, confirmó la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional y ANSES, iniciada en abril de 2024. El monto estimado asciende a 154.606 millones de pesos, aunque la Provincia aclara que la cifra puede variar según los resultados finales de las auditorías.

“A diferencia de lo ocurrido durante años, hoy nuestra Provincia audita, reclama, litiga y recupera fondos”, concluye el documento enviado al Senado provincial.