Casos judiciales en Santa Fe y Entre Ríos reabren el debate sobre la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario

En medio del debate sobre la desregulación del sector inmobiliario en Entre Ríos, los Colegios de Corredores sostienen que la matriculación obligatoria funciona como un resguardo para los compradores. Según especialistas, distintos casos judiciales recientes en Santa Fe y Entre Ríos muestran que, aun con la intervención de profesionales habilitados, continúan registrándose maniobras irregulares y fraudes de alto impacto económico.

Frente a las iniciativas de desregulación impulsadas por el Gobierno —orientadas a eliminar la obligatoriedad de la matrícula profesional y habilitar nuevas modalidades de ejercicio de la actividad—, las entidades corporativas remarcan que la matriculación es un componente central de la seguridad jurídica.

Analistas del sector, en cambio, advierten que la colegiación obligatoria no siempre logra prevenir irregularidades y que, en la práctica, su alcance se limita al control disciplinario interno, sin facultades para reparar daños económicos en casos de fraude.

Entre Ríos: fallos judiciales y causas en curso

En Entre Ríos, la intervención de intermediarios matriculados y escribanos no impidió la comisión de delitos patrimoniales de relevancia. Uno de los antecedentes es el fallo del caso Naranjal de Pereda en Concordia, donde la Cámara de Casación revocó una absolución y condenó a Mario Kaplan y Martín Guidobono como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta por la compra a precio vil de terrenos pertenecientes a la Fundación Ayuda Psicosomática San Antonio.

Los adquirentes argumentaron que actuaron bajo el “principio de confianza” por haber operado a través de una inmobiliaria y una escribanía habilitadas. El tribunal rechazó ese planteo y señaló que la entrega de sumas en efectivo sin comprobantes y a valores inferiores a los de mercado constituye una práctica irregular que impide presumir buena fe.

Además, en Concordia se investiga una maniobra con pagarés y promesas de alta rentabilidad canalizada a través de una inmobiliaria, con un perjuicio estimado en más de 700.000 dólares. En Paraná, más de 30 familias denunciaron a una empresa por construcciones “llave en mano” inconclusas, tras haber entregado ahorros, vehículos y propiedades que no se tradujeron en la vivienda prometida.

Santa Fe: causas penales y denuncias administrativas

En la provincia de Santa Fe, distintos procesos judiciales también exponen dificultades en el control de la actividad. En la ciudad de Santa Fe y localidades cercanas (Colastiné Norte, Santo Tomé, Sauce Viejo y Arroyo Leyes), la justicia penal desarticuló una asociación ilícita que defraudó a más de 100 personas mediante la venta ilegal de terrenos por cerca de un millón de dólares. Entre los involucrados hubo abogados, un martillero y un corredor inmobiliario matriculado.

En Rosario y zonas aledañas, se registraron emprendimientos comercializados sin habilitaciones ambientales, hídricas ni de servicios. Ante diez denuncias éticas contra inmobiliarias, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) informó a los damnificados que, en caso de sancionar a matriculados, su competencia se limita a medidas administrativas, sin facultades para resarcir pérdidas económicas.

En Santa Fe capital, la firma Moderno House comercializó viviendas industrializadas sin habilitación municipal ni inscripción registral, desviando anticipos en efectivo hacia emprendimientos personales y abandonando las obras. En Funes, el desarrollo Damfield fue clausurado por la Fiscalía de Estado provincial por movimientos de suelo y obras sin autorizaciones, con impacto ambiental.

Desde una perspectiva legal, la seguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias se apoya principalmente en el marco normativo del Código Civil y Comercial, la legislación de defensa del consumidor y la actuación de la justicia ordinaria.

En el tráfico de bienes raíces, la función notarial —estudio de títulos, fe pública y registración— es la que otorga certeza jurídica al acto.

En el contexto de la desregulación, algunos especialistas plantean alternativas como la exigencia de seguros de responsabilidad civil profesional, que permitirían una cobertura económica directa ante supuestos de mala praxis o engaño, complementando o reemplazando mecanismos de fiscalización corporativa que no cuentan con capacidad patrimonial para indemnizar a damnificados.