En tiempos en que se debate el futuro del sector inmobiliario y la industria busca consenso sobre los valores que debieran definir la actividad, los profesionales critican y reclaman por las barreras que sigue habiendo para ingresar al mercado. Diputados del oficialismo se involucran para promover la «libertad inmobiliaria» y profesionales critican la iniciativa que busca exigir título universitario para acceder a la matricula.

“A los altos costos de la carrera universitaria (que solo se dicta en universidades privadas), se suman los gastos de colegiación, de matriculación y los porcentajes que se pagan a los Colegios de Corredores y Martilleros por las operaciones inmobiliarias. Asimismo, tras matricularse, a los nuevos martilleros se les hace muy cuesta arriba insertarse en un mercado altamente atomizado”, afirmó un profesional con más de 40 años de experiencia.

El diputado Alejandro Bongiovanni (PRO) –que presentó recientemente el proyecto denominado Ley de Libertad Inmobiliaria para desregular la burocracia corporativa en el sector inmobiliario– dijo que «la exigencia de un título universitario y la inscripción en los colegios profesionales implica barreras artificiales que limitan el acceso a la actividad, limitando la competencia».

Bongiovanni también señaló la restricción geográfica que tienen los profesionales para ejercer. “La limitación a una jurisdicción específica impide la libre circulación de los intermediarios del sector, obstaculizando la innovación y la eficiencia. Hoy, si uno está registrado para vender en la ciudad A, no puede vender en la ciudad B. Una locura total en un entorno cada vez más digitalizado”, aseguró.

Además de apuntar contra la necesidad de poseer título universitario como condición de acceso o permanencia en la actividad, así como la obligatoria inscripción en registro o matrícula alguna y las restricciones geográficas, Bongiovanni ponderó que ¨lo que se propone es reestablecer el derecho a trabajar y ejercer industria lícita del artículo 14 de nuestra Constitución Nacional». Como vienen pidiendo diversos actores del sector, la modificación de la Ley N° 20.266 tiene como objetivo tener un mercado más abierto y dinámico, más transparente y con mayor competencia.

En la misma línea, otro proyecto de la diputada Marcela Pagano busca modificar el Decreto 2293/1992 y eliminar la obligatoriedad de la matriculación en colegios profesionales, consejos y asociaciones. “Quien lo quiera pagar, que sea libre de hacerlo. Tienen que empezar a dejar laburar en paz a la gente. Y eso aplica tanto para Colegios como para Consejos Profesionales. Aparte son costos ocultos que al final del camino inflan los precios”, señaló, en relación a su proyecto y los aportes que los profesionales hacen para la matriculación y cajas específicas.

La iniciativa propone eliminar “la obligación del pago de tasas regulatorias, cuotas colegiales o cualquier otro tipo de contribución obligatoria que restrinja o condicione el ejercicio profesional, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los profesionales”.

En tanto, el fundador de la proptech Pint, Jorge Amoreo Casotti, advirtió que las reglas que regulan la actividad “fueron impuestas en la dictadura militar y hoy siguen funcionando como una barrera de acceso al mercado”. Además de considerar que “esto impide la entrada de nuevos actores y encarece el costo de los servicios”, Casotti sumó: “Ni en la Venezuela de Nicolás Maduro ni en la España socialista de Pedro Sánchez se exige un título universitario para trabajar en este sector. Es una anomalía global que tarde o temprano deberá corregirse, sobre todo en un país que dice promover la libre empresa”.