El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó la nueva línea de préstamos hipotecarios destinada al personal de la Administración Pública provincial con al menos 12 meses de antigüedad en planta permanente. La iniciativa cuenta con un cupo presupuestario inicial informada de 20.000 millones de pesos y surge de un esquema articulado entre el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) y el Nuevo Banco de Entre Ríos.

El programa ofrece financiamiento expresado en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) por hasta un máximo de 50.000 UVA (lo que representa un límite inicial cercano a los 100 o 104,8 millones de pesos según la cotización del indicador). La línea contempla cubrir hasta el 75% del valor de tasación o compraventa de la propiedad, con un plazo de devolución de hasta 20 años (240 meses).

A través del IAPV, el Estado provincial otorga un subsidio de dos puntos porcentuales sobre la tasa de referencia del banco, fijando la tasa de interés final en UVA + 6% anual. El destino exclusivo del crédito es la adquisición de vivienda única, familiar y de ocupación permanente en el territorio entrerriano.

A pesar del despliegue del programa, el lanzamiento derivó en marcadas diferencias entre el gobierno provincial y el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos. El presidente de la entidad, Germán Solari, expresó una postura cautelosa e identificó serias restricciones de acceso para los trabajadores estatales.

Si bien Solari reconoció que “una economía sin crédito no avanza”, advirtió que la demanda efectiva de estas operaciones resultará apenas “mínima o mediana”. El titular de la institución fundamentó su escepticismo en que los sueldos del sector público “no acompañan” el ritmo de los precios y que existe un temor generalizado entre las familias a comprometerse con un endeudamiento indexado frente a la incertidumbre inflacionaria.

Desde la conducción del Colegio se trazó un duro diagnóstico sobre el escenario actual del mercado inmobiliario local. Por un lado, Solari señaló que la venta de inmuebles en la provincia registra una retracción superior al 50% en comparación con los niveles habituales de años anteriores.

Asimismo, denunció un estancamiento prolongado en el mercado locativo, donde inmuebles permanecen desocupados de tres a cinco meses, acompañado por un marcado retraso en las fechas de pago del canon mensual. Solari argumentó que la baja de la inflación no generará un repunte real del sector si no se producen aumentos salariales significativos o rebajas en la presión impositiva.

En contrapunto con los cuestionamientos institucionales del Colegio de Corredores, diversos empresarios y operadores inmobiliarios valoraron de forma positiva el accionar de la gestión provincial. Para este sector, la apertura de líneas de crédito representa una respuesta concreta para captar una demanda que se mantenía contenida por la falta de herramientas financieras.

Julieta Gross, broker de la firma RE/MAX Por Más en Entre Ríos, remarcó que esta medida “significa ampliar la demanda y transformar una intención postergada en una posibilidad real”. Según la ejecutiva, tras años en los que el mercado operó casi exclusivamente al contado, la llegada del financiamiento restablece un “puente posible entre el alquiler y la vivienda propia”.

Entre los factores más ponderados por los comercializadores se destaca la reactivación de las operaciones encadenadas: los operadores sostienen que el crédito genera un “círculo virtuoso”. La persona que vende una vivienda con fondos del préstamo adquiere liquidez inmediata para comprar otra propiedad, construir o realizar nuevas inversiones en la región.

A su vez, subrayan que la concreción de cada compraventa moviliza una red profesional y comercial que abarca a corredores, tasadores, escribanos, agrimensores y gestores. Según señalaron, eso tiene un efecto dinamizador en la economía real: la adquisición de inmuebles impulsa habitualmente contrataciones en refacciones, pintura, instalaciones, equipamiento y servicios de mudanza, activando una cadena económica integral.

De este modo, el mercado inmobiliario entrerriano queda dividido entre las dudas sobre la capacidad adquisitiva real de las familias para calificar y sostener las cuotas y la expectativa de que el nuevo flujo de fondos rompa el estancamiento y revitalice la actividad en la provincia.