La detención de Sergio Urribarri cayó como un mazazo en la política entrerriana. La decisión de la Cámara de Casación, que hizo efectiva este martes la prisión preventiva del exgobernador de Entre Ríos, sirvió como aglutinador de un peronismo que todavía no logra cohesionarse del todo tras la derrota que lo expulsó del poder luego de 20 años.

Referentes kirchneristas y peronistas coincidieron en que la decisión fue “descabellada”, aunque lo hicieron tímidamente y con voces ausentes, como la del exgobernador Gustavo Bordet, hasta el cierre de esta nota.

Urribarri fue trasladado desde su residencia en Concordia hacia la Unidad Penal 1 de Paraná donde cumplirá la detención. La Cámara de Casación de Paraná resolvió este martes hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y revocó la resolución del 5 de septiembre, dictada por el Tribunal de juicio y apelaciones de Paraná, que en un fallo de mayoría rechazó el pedido de los fiscales para que Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez comiencen a cumplir prisión preventiva. Así, dispuso la detención inmediata de los imputados Urribarri y Aguilera, hasta que la sentencia condenatoria quede firme.

El exmandatario fue condenado en 2022 a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en las cinco causas que se tramitaron en los Tribunales provinciales.

El impacto en el peronismo de Entre Ríos
Con mucha mesura y horas después de la detención, aparecieron las primeras voces condenatorias de la decisión judicial. En el plano nacional, la más resonante fue la del presidente del Instituto Patria, el senador Oscar Parrilli, quien publicó un video en rede sociales solidarizándose con Urribarri. “Fue injustamente detenido por esta Justicia que persigue y encarcela a dirigentes políticos kirchneristas. El Pato Urribarri ha sido víctima de una persecución judicial como la que tuvimos muchos de nosotros”, sostuvo.

En el plano local, algunos dirigentes consultados por Letra P prefirieron no opinar, aunque reconocieron off the record que la decisión de la Justicia no incidirá políticamente en el rumbo del peronismo entrerriano, porque Urribarri ya estaba fuera de juego hace tiempo. De hecho, el exmandatario pasó sus últimos meses en libertad recluido en su casa de Concordia, sin contacto con la prensa y con poca o casi nula aparición pública. Cumplía con las disposiciones de la Justicia, según narró Parrilli.

En la dirigencia entrerriana apuntaron directamente a un caso de lawfare y señalaron que el peligro de fuga que argumentó Casación es desmedido. “Fue una persona que estuvo siempre a derecho”, coincidieron distintas voces, como la del presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos, José Cáceres.

“Es indignante la decisión. Todos entendimos que en su derecho a defensa en búsqueda de la verdad se les había otorgado una instancia ante la Corte de Justicia, un derecho de todas las personas, pero ahora salen con que se podían fugar, que había riesgo de fuga. ¿En qué cabeza cabe eso, cuando estuvieron a derecho durante todos estos años, soportando un manoseo permanente, presentándose cada vez que se los requirió? He escuchado a profesionales del derecho señalar que la medida es descabellada, ojalá la Justicia reflexione y se pueda revertir esta acción verdaderamente preocupante y que causa mucha indignación”, sostuvo Cáceres.

La diputada Carolina Gaillard, funcionaria durante la gobernación de Urribarri, calificó de “aberración jurídica” lo dispuesto por la Cámara. Dijo que “ante la falta de gestión y resultados del gobierno actual de Rogelio Frigerio y Javier Milei, donde hay cada vez más pobres, necesitan un circo para distraer con noticias como esta”. “El derecho y la Justicia no importan. Una vergüenza”, publicó en sus redes sociales. Defendió también la gestión de quien estuvo al mando de la provincia entre 2007 y 2015 y afirmó que el avance judicial es “para vengarse de un gobernador que transformó Entre Ríos como ninguno”.

La prisión de Urribarri y el caso Cristina Fernández de Kirchner
Entre quienes repudiaron la detención de Urribarri hay voces que advierten que el mazazo no es solo para el peronismo. “Está en peligro la política en general. ¿Quién va a querer ser gobernador después de esto?”, se preguntó una persona que camina los pasillos de Casa Gris hace muchos años. En la misma línea, entienden que es un mensaje de disciplinamiento, porque la condena sobre “el Pato” es “por decisiones de gobierno”.

La comparación con la condena que recayó sobre Cristina Fernández de Kirchner apareció de inmediato en las lecturas. El uso político de un exgobernador peronista tras las rejas más las denuncias que también recaen sobre otro exmandatario, Gustavo Bordet, es señalado por la oposición como la inauguración del clima electoral del año que viene.

“Es la primera vez que un gobernador está en un calabozo”, apuntó Jorge “Kinoto” Vázquez, presidente del PJ de Paraná. “Es algo inédito que requiere un análisis más profundo, pero indudablemente la primera percepción que a uno le queda es que cuando el peronismo gobierna y comete errores va al banquillo; cuando el peronismo gobierna y tiene aciertos va al banquillo; cuando el peronismo gobierna y no hace nada va al banquillo; y en este país nos siguen gobernando Luis Caputo y Federico Sturzzenegger, mientras Mauricio Macri sigue de paseo por el mundo dando recetas y no pasa nada”, señaló en diálogo con Letra P.

La acusación contra Sergio Urribarri
En abril de 2022, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en las cinco causas que se tramitaron en los Tribunales provinciales. Eso motivó la renuncia como Embajador en Israel, cargo que ocupaba durante el gobierno de Alberto Fernández.

El fallo entendió que la instalación de un parador en Mar del Plata; una campaña de difusión de la Cumbre del Mercosur y la publicación de una solicitada contra los fondos buitres eran montajes para pagar con recursos del Estado la campaña de Urribarri para posicionarse como presidenciable en 2015. Según publicó Infobae, también se apuntó contra el exmandatario por un esquema de cartelización de publicidad en vía pública en favor de las empresas que la Justicia entendió eran operadas por personas a las que se consideró testaferros de Aguilera, su cuñado.

Por último, se lo condenó por la contratación de publicidad oficial a través de la empresa Global Means, sin haber cumplido con los requisitos formales. La defensa de Urribarri, en manos de Fernando Burlando, presentó sucesivos planteos en instancias superiores para revocar esta decisión. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia cerró todas esas puertas en abril de este año, cuando confirmó el fallo condenatorio tras negar los últimos recursos.

Fuente: Letra P