Un proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos busca eximir en forma total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos —bajo el Régimen Simplificado Provincial— a quienes estén encuadrados en la Categoría A del monotributo, además de extender el beneficio a los sujetos alcanzados por el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente. La iniciativa, presentada con argumentos jurídicos y económicos, se mete de lleno en la discusión política por el “alivio” a los sectores más vulnerables sin desfinanciar al Estado.

Qué propone la ley

El artículo 1 establece la exención total de Ingresos Brutos para la Categoría A del régimen simplificado provincial, mientras que el artículo 2 modifica el artículo 12 de la Ley Impositiva N° 9.622 (T.O. 2022) para dejar asentado el nuevo esquema: Categoría A, impuesto mensual a ingresar: $0, tanto para “locaciones y/o prestaciones de servicios” como para el “resto de actividades”. Para las categorías B a K se mantienen montos fijos mensuales diferenciados.

Uno de los puntos más destacados es el modo de aplicación: el artículo 3 indica que la exención operará “de pleno derecho”, es decir, sin necesidad de trámite ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos. De todos modos, el texto aclara que el beneficio no exime del cumplimiento de obligaciones formales como inscripción, actualización de datos, recategorización y emisión de comprobantes.

La iniciativa fija, además, una vigencia acotada: el artículo 5 establece que el beneficio regirá hasta el 31 de diciembre de 2027. Pasada esa fecha, la Legislatura de Entre Ríos deberá evaluar su continuidad, modificación o sustitución “en función de los resultados económicos, fiscales y sociales” de su aplicación. A la vez, el artículo 4 marca un límite clave para la discusión fiscal: no habrá condonación ni liberación de deudas previas; solo se prevé la posibilidad de repetición o devolución por pagos indebidos posteriores a la entrada en vigencia.

Fundamentos y lectura política

En los fundamentos, el proyecto sostiene que la medida responde a una decisión de “política tributaria prudente”, apoyada en el principio de legalidad y reserva de ley. Cita precedentes de la Corte Suprema para argumentar que la potestad tributaria debe respetar razonabilidad y evitar efectos confiscatorios. En términos de impacto, el texto afirma que la pérdida de recaudación sería “marginal” —inferior al 0,3% de la recaudación total provincial— mientras que el beneficio en formalización, simplificación administrativa y alivio sobre microemprendimientos sería sustancial.

Otro argumento central apunta a la coherencia entre niveles de gobierno: si el esquema nacional de inclusión social busca una incorporación gradual a la formalidad, el proyecto considera “contradictorio” que el componente provincial mantenga una carga fija sobre quienes están en la base más vulnerable del sistema. En ese marco, se menciona un escenario de retracción del consumo: el comercio entrerriano habría caído un 4% en 2025, lo que vuelve más pesada una obligación mensual fija para pequeños comerciantes, artesanos y prestadores de servicios.

Qué puede pasar en el recinto

En el debate legislativo, el oficialismo y la oposición deberán ponderar el costo recaudatorio frente a la señal política de acompañamiento a los contribuyentes de menor escala. La vigencia temporal hasta 2027 y la revisión posterior funcionan como “cláusula de control” para ordenar el intercambio: medir resultados y evitar que la exención se vuelva permanente sin evaluación.

El texto lleva la firma de la diputada Lorena Arrozogaray y cuenta con coautoría de Enrique Cresto, Silvina Decco, Laura Stratta, María Silvia Moreno y Andrea Zof. De prosperar, la norma establecería que los monotributistas de Categoría A y los incluidos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente paguen $0 de Ingresos Brutos provinciales dentro del régimen simplificado, con aplicación automática y sin afectar deudas anteriores.