La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados volverá a reunirse este miércoles a las 17.30 para avanzar en la discusión de los proyectos que buscan establecer un régimen claro y unificado para el tratamiento de los pedidos de juicio político en Entre Ríos. La iniciativa apunta a reglamentar un procedimiento que, según coinciden legisladores de distintos bloques, presenta vacíos normativos y criterios dispares en su aplicación.

El debate se retomará en un contexto legislativo dominado por la reforma previsional que se discute en el Senado, lo que postergó la posibilidad de emitir un dictamen unificado en la última sesión. Aun así, los diputados acordaron continuar con el análisis técnico de las tres propuestas en danza: la presentada por la legisladora radical Gabriela Lena, y las impulsadas en períodos anteriores por los exdiputados Juan Cosso y Esteban Vitor.

El proyecto de Lena

La iniciativa de Lena parte de una premisa: el procedimiento actual presenta “lagunas” que generan incertidumbre y dificultades operativas. La diputada recordó que en los últimos años la Legislatura debió abordar pedidos de juicio político contra vocales del Superior Tribunal de Justicia, como Gisela Schumacher (2024) y Susana Medina de Risso (2025), y que esos procesos expusieron falencias en la normativa vigente.

“Advertimos vicisitudes y falencias en cuanto al proceso que debe regir un juicio político, que es de carácter excepcional”, señaló Lena. Su proyecto —de 37 artículos— propone incorporar herramientas del Código Procesal Civil y Comercial para dotar al procedimiento de mayor claridad, previsibilidad y consistencia constitucional.

El texto busca “consolidar al juicio político como un auténtico instrumento de equilibrio institucional y no como un factor de incertidumbre o erosión del orden constitucional”, según sus fundamentos.

Los antecedentes

El exdiputado Vitor, hoy secretario Legal de la provincia, presentó en 2021 un proyecto con el mismo objetivo: reglamentar un procedimiento que considera una “deuda pendiente”. Su propuesta apunta a fijar plazos, garantizar el derecho de defensa y evitar que los pedidos queden sin tratamiento o se prolonguen indefinidamente.

“El juicio político debe ser tratado en tiempo y forma, con garantías y con fundamentos claros, tanto para avanzar como para desestimar”, sostuvo Vitor en aquel momento.

Por su parte, el exdiputado peronista Juan Cosso presentó una iniciativa más extensa —53 artículos— que llegó a debatirse en comisiones pero no prosperó. Su proyecto incorporaba definiciones sobre quiénes pueden ser sometidos a juicio político, el funcionamiento de la Comisión de Investigación, el uso de herramientas tecnológicas, los plazos del proceso y el impacto de una eventual renuncia del acusado.

Un debate que vuelve

La discusión sobre la regulación del juicio político regresa en un momento de alta sensibilidad institucional. En los últimos años, los pedidos contra integrantes del Poder Judicial generaron tensiones políticas y expusieron la falta de un procedimiento uniforme. La intención de los legisladores es evitar interpretaciones discrecionales y dotar al proceso de un marco estable.

Si bien no se espera un dictamen inmediato, la reunión de este miércoles será clave para acercar posiciones entre los tres textos y avanzar hacia una propuesta consensuada que ordene un mecanismo central para el funcionamiento republicano.