Tras la publicación de Tarea Fina, en la que se revelaba una dura carta de la Liga de Intendentes del PJ al gobierno provincial a propósito de la caída en los giros coparticipables, la gestión de Rogelio Frigerio respondió a los jefes comunales. Lo hizo en la figura del senador oficialista Rubén Dal Molín, también flamante vicepresidente de la UCR.

El legislador respondió la misiva que difundió este medio y pidió «menos relato, más responsabilidad». «Resulta llamativo —y preocupante— que algunos intendentes del justicialismo pretendan confundir a la ciudadanía con acusaciones infundadas sobre una supuesta “responsabilidad provincial” en la caída de los fondos coparticipables. La realidad es clara: la merma responde a decisiones adoptadas por el gobierno nacional, y no a medidas de la administración provincial», retrucó.

En párrafo aparte, Dal Molín se dirigió a Ricardo Bravo, presidente de la Liga, y lo invitó a revisar el informe que la Dirección de Relaciones Municipales envió el pasado 7 de abril a todos los municipios entrerrianos. Según aseguró el senador, «allí se detallan —con información oficial y verificable— las causas de la caída de la coparticipación. Se trata, principalmente, de la aplicación de la Resolución 331 del Ministerio de Capital Humano, firmada el 13 de marzo de 2025, en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia N°186 del presidente Javier Milei, publicado un día antes». Esa normativa, que modifica los criterios de distribución de fondos nacionales, afecta no solo a Entre Ríos, sino a todas las provincias y municipios del país, consignó. «Y así lo advertimos con claridad desde el gobierno provincial. La proyección indica que esta retracción se extenderá, al menos, durante los próximos cuatro meses», advirtió.

El senador apuntó a los intendentes y marcó que desde el gobierno provincial se había anticipado este escenario. «Lo dijimos con tiempo, con transparencia y con responsabilidad. Lamentablemente, algunos prefieren mirar hacia otro lado, o peor aún, trasladar culpas con fines políticos», dijo. «No desconocemos el contexto crítico que vive la Argentina. Por eso, más que nunca, los tiempos exigen gestión eficiente, austeridad y creatividad para gobernar. Es hora de mirar hacia adentro, de abandonar el discurso fácil, y asumir que gobernar implica tomar decisiones, administrar con seriedad y dejar de lado el cálculo partidario», agregó.

En este punto, Dal Molín acompañó su respuesta con un gráfico que ilustra la evolución de la coparticipación 2025.

«A pesar del complejo panorama, vale subrayar que en el primer trimestre del año, su municipio recibió en concepto de coparticipación un monto muy superior a la inflación acumulada anual publicada por el INDEC. Es un dato objetivo, que relativiza aún más las expresiones alarmistas. No es momento de sembrar confusión ni de buscar responsables en la vereda de enfrente. Es momento de decir la verdad», cerró.

Guillermo Michel se metió en la discusión

En la misma tónica, pero con estadísticas diferentes, el ex director de Aduanas y referente del PJ de Gualeguaychú se metió en la discusión por la coparticipación a los municipios y habló de «consecuencias de las políticas públicas del gobierno nacional y provincial».

«Cada vez que mencionamos que las políticas públicas del gobierno nacional y provincial tenían consecuencias negativas para la vida diaria de los entrerrianos no era una cuestión antojadiza o con especulación electoral. En la vida real las decisiones se pagan. Y eso está ocurriendo con un impacto directo en los fondos coparticipados a nuestra provincia y, consecuentemente, a los municipios», sostuvo, en una columna de opinión enviada a este medio.

En el texto, Guillermo Michel asegura que la coparticipación a Entre Ríos pasó de $218.171 millones en enero-25 a $203.158 millones en febrero del mismo año. Una caída del -6,9%. «Si comparamos en valores nominales la evolución de la masa coparticipable a provincias vemos una caída acelerada de los recursos. Lo mismo ocurre si se compara febrero-25 con marzo del mismo año. La caída es del -9,7% en términos nominales producto de que solo se giraron en este último mes $183.386 millones», sostuvo.

En ese sentido, habló del correlato directo en la porción de coparticipación nacional que la provincia destina a municipios. Las caídas fueron de -8,8% y de -13,9% en los mismos períodos.

Michel explicó que si se analiza por impuesto, el impacto más pronunciado responde a la que los importadores pudieron volver a aplicar los certificados de no retención en el IVA. «Esto disminuyó la recaudación de IVA-Aduana, un goteo diario que recibía la coparticipación a medida que se percibía el impuesto al momento del despacho de importación», precisó.

En la misma dirección recesiva, la recaudación por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos provincial fue por de $50.715 millones en enero, $48.686 millones en febrero y $44.862 millones en marzo. Una caída de -4% en febrero y -7,9% en marzo, ambos respecto del mes anterior. «De la misma manera que señalamos que la apertura de las importaciones afectaría a nuestra industria y a nuestros productores, claramente la caída de la actividad económica empieza a impactar negativamente en la recaudación nacional y provincial», apuntó.

El correlato en los municipios

«Esto tiene un correlato directo en el día a día de nuestros municipios ya que la baja de recursos impacta negativamente en la prestación de servicios esenciales, la ejecución de obras públicas y pone en riesgo el pago de salarios de los empleados municipales», indicó Michel. «De esta manera, mientras celebra el recorte del gasto público en áreas sensibles como obra pública, salud y asistencia social, les “tira” a los gobiernos municipales la responsabilidad de atender necesidades crecientes con recursos cada vez más escasos», apuntó. «Y como si fuera poco, en este escenario de asfixia fiscal y lejos de reconocer esta carga, los gobiernos nacionales y provinciales cuestionan o deslegitiman la aplicación de tasas por parte de los municipios, desconociendo que estas constituyen una herramienta legítima —y muchas veces indispensable— para garantizar el funcionamiento básico del estado local frente a un contexto de abandono», concluyó.