El presidente del Bloque de Senadores del PJ, Martín Oliva, propondrá junto a senadores de su bloque redefinir los alcances de la emergencia en obra pública, «con el objetivo de dar continuidad a trabajos paralizados y brindar respuestas concretas a los municipios, en un contexto marcado por el retiro del Gobierno nacional del financiamiento de obras estratégicas», según sostuvo en un comunicado enviado a Tarea Fina Noticias.

El senador advirtió sobre la necesidad de una nueva ley, ya que el régimen legal de emergencia se encuentra extinguido al 31 de diciembre de 2025 y su prórroga no llegó a ser debatida y aprobada por ambas cámaras.

“La emergencia debe ser una herramienta transitoria para ordenar y dar previsibilidad, no un atajo para consolidar discrecionalidad”, subrayó Oliva. «Los alcances de la norma se deben limitan a las obras en ejecución cuyo financiamiento el Estado nacional retiró», agregó.

Las nuevas obras que proyecte el gobierno provincial deberán estar enmarcadas en los procedimientos de litación pública determinados por la legislación vigente.

Se insistió en que la emergencia no puede transformarse en un “cheque en blanco” para el Poder Ejecutivo provincial, que, según apuntó «lleva ya dos años gobernando bajo regímenes excepcionales y recurriendo de manera sistemática a contrataciones directas».

El proyecto de la oposición restablece la vigencia de la Ley N° 11.138 hasta el día 31 de diciembre de 2026, en tanto faculta al Poder Ejecutivo a cancelar certificados de obras públicas y todo tipo de deuda reconocida administrativa o judicialmente al contratista, referente a obras públicas y servicios públicos ejecutados o en ejecución, vencidos o que vencieren durante la vigencia de la Ley N° 11.138 y de la presente, con fondos, títulos de deuda u otros instrumentos financieros existentes o que se creen, enmarcados en las operaciones de crédito autorizados por la Ley N° 11.234.

En particular, Oliva señaló la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, como un ejemplo claro del desmantelamiento de políticas públicas federales.

Esa decisión implicó la transferencia a la provincia de numerosas obras de agua y cloacas (servicios esenciales) financiadas originalmente con fondos nacionales, entre otras obras fundamentales, obligando a Entre Ríos a asumir compromisos complejos desde el punto de vista administrativo y financiero, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria generada por la propia Nación.

“Se debe ordenar este escenario posibilitando la renegociación o rescisión de contratos cuando resulte necesario, facilitando el reconocimiento y la cancelación de créditos a las empresas contratistas y reduciendo de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyan el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado provincial”, dijo el legislador.