El sector inmobiliario argentino está mutando. Según anuncian fuentes involucradas, busca «dejar atrás las restricciones impuestas por los Colegios de Corredores y Martilleros, que durante años limitaron la competencia y la innovación en la industria». Tras un intenso debate sobre la desregulación en 2025, la Justicia desestimó varios de los argumentos utilizados por estas instituciones para frenar el avance de las franquicias y nuevos modelos de negocio.

Uno de los puntos más controvertidos era la exigencia de título y matrícula para ejercer actividades de corretaje inmobiliario. Sin embargo, diversos analistas y profesionales del sector sostienen que «la idoneidad se demuestra más por la experiencia y la confianza generada en los clientes que por un título universitario». Además, consideran que la matrícula obligatoria constituye una barrera de acceso injustificada, incompatible con el carácter comercial de la actividad.

La colegiación obligatoria ha sido señalada como un mecanismo que crea un mercado cautivo, restringiendo la participación y afectando la innovación. Aunque los Colegios argumentan que garantizan la seguridad jurídica, expertos destacan que esta función recae en el escribano público durante la transmisión de dominio, por lo que el corredor no debería monopolizar la intermediación.

Fallos judiciales confirmaron que las leyes provinciales permiten la existencia de sociedades entre corredores matriculados y personas sin matrícula, siempre que el profesional matriculado asuma la responsabilidad de las operaciones. «Las sentencias también dejaron en claro que la colaboración con empresas de servicios o personas no matriculadas es legal, siempre que no se incurra en corretaje ilegal», añadieron fuentes del sector.

Algunos profesionales subrayan que la transformación permite «ampliar la oferta de servicios, mejorar precios y abrir oportunidades para emprendedores».

Un abogado especializado en derecho inmobiliario remarcó: “Son muchos los fallos que dejan en claro que los Colegios profesionales han intentado frenar el avance de modelos de negocio innovadores no por razones jurídicas, sino por intereses gremiales. La Justicia ha ratificado que la normativa vigente no impide la evolución del corretaje inmobiliario y que los Colegios profesionales no pueden imponer restricciones arbitrarias para frenar la competencia”.