El Reporte anual 2025: el reto de sostener el aborto legal en Argentina, elaborado por el Centros de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y Proyecto Mirar, confirma que Entre Ríos logró sostener el acceso al aborto legal en el sistema público de salud pese al retiro del financiamiento nacional para insumos y medicamentos. En un contexto de desfinanciamiento, la provincia aparece entre las 13 jurisdicciones que cubrieron con presupuesto propio la provisión de misoprostol, mifepristona y otros insumos esenciales para garantizar la Ley 27.610.
El informe, finalizado en septiembre de 2026, detalla que el Ministerio de Salud de la Nación discontinuó la compra de insumos para aborto y redujo drásticamente la provisión de anticonceptivos, lo que generó brechas territoriales y trasladó costos a las usuarias. Frente a ese escenario, Entre Ríos sostuvo la política sanitaria con recursos provinciales.
A nivel nacional, el informe registra que en 2025 se realizaron 87.603 abortos legales en el sector público de salud, según los datos reportados por 20 provincias. La red nacional de acceso estuvo conformada por 1.846 efectores públicos que garantizaron IVE/ILE, con un predominio del primer nivel de atención y una fuerte concentración de prácticas en Buenos Aires, CABA y Córdoba, que en conjunto representaron el 72% del total de abortos informados. El reporte también advierte que, pese al retiro del financiamiento nacional, 13 provincias sostuvieron la provisión de insumos con presupuesto propio, evitando retrocesos mayores en la implementación de la Ley 27.610.
Acceso al aborto en Entre Ríos: todos los datos del informe
1. Cantidad de abortos asistidos en 2025
El reporte registra que Entre Ríos asistió 1.360 abortos legales (IVE/ILE) en el sector público durante 2025.
Este número surge de los pedidos de acceso a la información pública realizados por Proyecto Mirar y refleja la continuidad de la política provincial aun en un contexto nacional adverso.
2. Efectores que garantizan IVE/ILE
Entre Ríos informó 48 efectores públicos que brindan acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.
Este dato ubica a la provincia en un nivel intermedio dentro del país, con una red que se mantuvo estable entre 2023 y 2025 (sin variaciones significativas en el total nacional de efectores).
3. Acceso temprano: abortos dentro de las 12 semanas
Entre Ríos es una de las 11 jurisdicciones que reportaron la proporción de abortos según semanas de gestación. El informe indica que alrededor del 90% de las IVE/ILE se realizaron dentro de las 12 semanas, lo que coincide con el patrón nacional y evidencia acceso oportuno.
4. Predominio del uso de medicamentos
Aunque el informe no desagrega por provincia el tipo de procedimiento, sí señala que en las jurisdicciones que reportaron datos la mayoría de los abortos se realizan con medicamentos. Entre Ríos integra ese grupo: el acceso temprano y la presencia de efectores de primer nivel favorecen el uso de misoprostol y combinaciones farmacológicas.
5. Cumplimiento del plazo legal de 10 días
Entre Ríos figura entre las provincias que reportaron cumplimiento del plazo máximo de 10 días desde la solicitud hasta la realización de la práctica. El informe indica que las jurisdicciones que informaron este dato se ubican entre 89% y 100% de cumplimiento.
6. Acceso a métodos anticonceptivos posaborto
El reporte incluye información de 12 provincias sobre la proporción de mujeres que egresan con métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (implantes, DIU, SIU). Si bien Entre Ríos no figura entre las jurisdicciones que reportaron este indicador, el informe advierte que la caída nacional en la provisión de anticonceptivos afectó la continuidad de cuidados posaborto en todo el país.
Entre Ríos frente al recorte nacional: cómo se sostuvo la política
1. Retiro del financiamiento nacional
El informe detalla que entre 2023 y 2026 el gasto nacional en salud sexual y reproductiva cayó un 57%, afectando la compra de anticonceptivos y medicamentos para aborto. La discontinuación del Programa Remediar profundizó las brechas territoriales.
Frente a ese retiro, 13 provincias sostuvieron el acceso con presupuesto propio, y Entre Ríos está entre ellas.
2. Impacto del desfinanciamiento nacional
El recorte nacional produjo:
- 840.000 mujeres menos protegidas contra embarazos no intencionales.
- 240.000 embarazos no intencionales adicionales.
- 112.000 abortos que podrían haberse evitado.
- 452 muertes maternas y 2.600 muertes neonatales evitables.
Aunque estos datos son nacionales, el informe advierte que las provincias que sostuvieron el acceso —como Entre Ríos— mitigaron parte del impacto.
3. Estabilidad jurídica en la provincia
El capítulo jurídico del informe señala que Entre Ríos no registró actividad legislativa restrictiva en materia de aborto entre agosto de 2025 y julio de 2026. Tampoco hubo iniciativas para limitar la Ley 27.610 ni protocolos regresivos.
La provincia aparece como una jurisdicción de baja conflictividad normativa, lo que contribuyó a sostener la implementación.
El mapa nacional del aborto legal
El reporte ubica a Entre Ríos en un grupo de provincias que:
- respondieron a los pedidos de acceso a la información pública,
- mantuvieron la red de efectores,
- garantizaron acceso temprano,
- cumplieron los plazos legales,
- y sostuvieron la provisión de insumos con presupuesto propio.
En un año marcado por el retiro del financiamiento nacional y la ausencia de campañas oficiales sobre IVE/ILE, la provincia aparece como una de las jurisdicciones que evitaron retrocesos y preservaron el acceso.
Conclusión: Entre Ríos sostuvo derechos en un contexto adverso
El informe anual muestra que, pese al recorte nacional, Entre Ríos sostuvo el acceso al aborto legal, mantuvo su red de efectores y garantizó prácticas tempranas y dentro de los plazos legales. La continuidad de la política provincial permitió amortiguar el impacto del desfinanciamiento nacional y preservar derechos en un contexto de retroceso en salud sexual y reproductiva.
