*Por Mg. Cr. Álvaro Gabás – Titular de CEDMA
Los datos oficiales sobre los aportes no reintegrables otorgados a municipios y comunas durante 2024 y 2025 abren una discusión que excede lo administrativo: exponen una forma de ejercer el poder provincial y un esquema de distribución que, lejos de ser equilibrado, muestra una concentración extraordinaria en una sola ciudad.
Durante los dos primeros años de gestión de Rogelio Frigerio, la provincia distribuyó $3.921 millones en aportes no reintegrables. De ese total, $2.683 millones —el 68%— fueron destinados a Concordia. La tendencia no solo se mantuvo: se profundizó. En 2024, Concordia recibió el 61,15% de los fondos; en 2025, su participación trepó al 76,04%.
El dato más llamativo: Paraná, capital de la provincia y municipio más poblado, no recibió aportes no reintegrables en ninguno de los dos años.
Un reparto que rompe cualquier criterio de equilibrio territorial
La distancia entre Concordia y el resto de los municipios es tan grande que el fenómeno no puede considerarse marginal. En 2025, detrás de Concordia aparecen:
- Federal: $120 millones
- Ubajay: $47,5 millones
- Rosario del Tala: $40 millones
- Pueblo General Belgrano: $36,15 millones
La brecha es estructural: mientras Concordia concentra tres cuartas partes de los fondos, el resto de Entre Ríos debe competir por una porción mínima.
Nadie desconoce que Concordia enfrenta problemas sociales, económicos y habitacionales profundos. Sería absurdo sostener que no requiere una fuerte presencia del Estado provincial. Pero la magnitud de la concentración revela otra cosa: una decisión política sostenida, que coloca a Concordia en el centro de la estrategia territorial del Gobierno y deja al resto de los municipios en un segundo plano.
Cuando una herramienta legítima se vuelve un mecanismo discrecional
Los aportes no reintegrables son una herramienta válida del Estado provincial. Permiten atender emergencias, financiar obras o resolver situaciones que los municipios no pueden afrontar con recursos propios. El problema aparece cuando esa herramienta se transforma en un mecanismo central de distribución de fondos, sin reglas públicas, transparentes y verificables que expliquen por qué algunos municipios reciben mucho y otros nada.
En una provincia federal, el vínculo entre el Gobierno provincial y los municipios no debería depender de la cercanía política, de la capacidad de gestión ante los despachos oficiales ni de la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo. La ausencia de criterios claros abre la puerta a un esquema donde la distribución de recursos se convierte en una herramienta de poder más que en una política pública.
