Durante este martes, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó «su preocupación y solidaridad por el despido del periodista Federico Gularte (Concordia, Entre Ríos)».
El caso
Según expuso la institución, en sus redes oficiales, Gularte «trabajó durante ocho años en Radio Ciudadana, un medio público de esa ciudad, hasta que en julio quitaron la programación de la emisora».
Y sigue: «Para evitar la pérdida de fuentes laborales, algunos de los trabajadores fueron reubicados en diferentes áreas del municipio» pero el 23 de diciembre, «Gularte fue cesanteado de la Secretaría de Salud, lo curioso es que la medida se tomó un par de semanas después de haber publicado un posteo en sus redes sociales evocando los 10 años de Radio Ciudadana, de haber deslizado cuestionamientos al cierre de su programación local pese a mantener publicidades al aire».
Según FOPEA, ante una consulta propia, el municipio respondió de manera oficial que el apartamiento de Gularte responde a una «reestructuración del personal en general de toda la Municipalidad» y que «de hecho se están dando de baja casi 200 contrataciones entre contratos y monotributos».
Vale recordar que a mitad de año – más precisamente en la sesión del pasado 24 de julio – fue el concejal Felipe Sastre quién presentó, sobre tablas, un proyecto de ordenanza que le puso fin a la emisora con la que, desde el año 2015, contaba la Municipalidad de Concordia.
En rigor, el edil del PRO ingresó -fuera de agenda- una iniciativa promovida por el Ejecutivo municipal que encabeza Francisco Azcué, donde se promovía derogar la Ordenanza N° 38.351/24, con la que se creó la C.A.RP. (Comisión de Administración de la Radio Pública de Concordia)”. La iniciativa establecía -taxativamente- que, sobre la emisora, se proceda a “la liquidación de los bienes que conforman su patrimonio” y a la par, se redistribuya “el personal en las áreas que se consideran prioritarias”.
Abuso
El Foro de Periodismo Argentino expresó su solidaridad «con el colega y advierte que el hecho puede enmarcarse en un claro abuso del poder estatal».
Además, advirtió que «la expresión de opiniones por parte del colega no pueden dar fundamento a sanciones tales como la pérdida de su fuente laboral, como parece haber sido el caso en virtud de la coincidencia temporal registrada».
Fuente: Diario Río Uruguay
