La muy probable posibilidad de que Cecilia Goyeneche reasuma en el cargo de procuradora adjunta tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió un sin número de hipótesis y especulaciones. ¿Posibles soluciones? Ninguna. Probablemente todo se agrave.
En el fallo que emitió la Cámara de Casación Penal de Paraná para ratificar la prisión de Pedro Báez transcribe un párrafo interesante: “Lo resuelto en la causa ‘Beckman’ no resulta aplicable a este caso, porque si bien en ambos supuestos se investigaron gravísimos hechos de corrupción, la solución que allí se adoptó fue una verdadera extrañeza dentro de la jurisprudencia del STJER”. Las siglas hacen referencia al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. La carátula “Beckman” es el caso de los contratos truchos en la Legislatura.
La cita de las juezas de Cámara, en pocas líneas, compactan la crisis en el Poder Judicial. Fue, precisamente, esa causa, la de los contratos, la que profundizó la grieta entre un sector del Ministerio Público Fiscal y la Sala Penal del STJ, pero además fue la desgracia de Goyeneche, que veía en ese caso la plataforma para reemplazar a García en la Procuración General, pretensión que ella misma se encargó de opacar cuando fue tentada por el exceso de poder y no quiso quedar fuera de cuadro al tener que excusarse porque era socia en dos inmuebles de un imputado.
La causa de los contratos truchos II es una amenaza que plantó Jorge García, el propietario del monopolio de la acción penal en todo el territorio provincial, para satisfacer al público poco informado y quedarse con una inigualable carta de negociación con la política.
Juristas entienden que no es posible abrir una segunda parte de la causa. Los delitos son indivisibles. Sucede que lo jurídico vale cada vez menos. Según se instale el tema en la esfera pública puede cambiar el destino de un proceso. Investigar a los presidentes de los cuerpos legislativos durante el período 2008-2018 – como supone la amenaza de García- debió hacerse a partir de la ampliación de indagatoria del señor Sergio Cardoso, director administrativo de la Cámara de Diputados, que ante el fiscal no dejó dudas sobre el funcionamiento y responsabilidades en el sistema de los contratos. El Ministerio Público no incorporó ese valiosísimo testimonio a la causa, y la elevó a juicio en un hecho tan escandaloso como la protección de Goyeneche a su socio imputado Pedro Opromolla.
La estructura judicial de Entre Ríos, con el sistema acusatorio en marcha hace más de 10 años, es bueno y los resultados son elocuentes aunque requiere de reformas. El principal problema radica en las relaciones personales que tienen algunos de sus operadores.
García es quien administra y ejecuta a través de los fiscales que tiene a cargo, pero también de las juezas que deben resolver en Casación, donde se desenvuelve su pareja, la jueza Marcela Badano. En el STJ no hay relaciones de pareja, pero sí de cuerpo. Con anterioridad se puede dilucidar el devenir de una sentencia porque, por ejemplo, Daniel Carubia y Claudia Mizawak “votan juntos”, entre otros ejemplos. Pareciera que la libertad de un ciudadano está a expensas del resultado de un enfrentamiento de bandas.
La restitución de Goyeneche agravará todo. La doctora denunció penalmente a los integrantes del STJ en pleno proceso en que se la juzgaba en el Jurado de Enjuiciamiento. Santiago Brugo, entonces fiscal, archivó la causa. Insólito, la misma no se “terminó” de archivar, según reconstruyó Página Política. Sería una especie de “contratos II”. ¿Cómo es esto de que el fiscal archiva, pero no se archiva del todo? Lo que decíamos: no importa lo jurídico. Una amenaza.
Todo este escenario debería preocupar al Gobierno aunque se jacte de que al tratarse de otro poder no le corresponde entrometerse. Quien sí lo hizo fue el presidente del partido nacional al que pertenece Rogelio Frigerio: Mauricio Macri. El ex presidente de la Nación celebró el fallo de la Corte, pero fue por más, pidió la restitución urgente de Goyeneche. El PRO, excepto el Gobernador, politizó el caso de la ex procuradora desde el minuto uno. La cobertura que tuvo la doctora en el ámbito nacional durante todo el proceso contó con una estructura política y mediática sin precedentes. Incluso con el asesoramiento de uno de los principales publicistas y expertos en comunicación del país como es Carlos Fara. ¿Cómo llegó hasta acá, quién se hizo cargo de sus honorarios? La única información oficial que puede llegar a avizorar una respuesta a estos interrogantes se puede hallar en la publicación de los contratos en la Cámara de Diputados que se dio a conocer hace unos meses. Allí aparece el consultor contratado durante el período 2022, período en que fue destituida Goyeneche.
Adán Bahl entendió que son las relaciones las que inclinarán la balanza en su favor para un futuro en paz. Con esa certeza logró torcer cualquier vendaval en la prensa y en tribunales. El veranito que vive, posiblemente, esté garantizado en las tertulias nocturnas que ha ofrecido al procurador. Que no han alcanzado, vale decir, el carácter de peña. También su inmejorable relación con el gobierno provincial. Pero todo eso entraría en riesgo con la restitución de Goyeneche, de quien se dice que tiene cruzado al ex candidato a gobernador. La garantía de buena vida para los gobernantes está limitada en la Constitución. En la cláusula de reelección, que en Entre Ríos prevé dos mandatos. Gustavo Bordet lo está experimentando. Tiene una causa en Concordia que se inició antes de que cumpliera un año fuera de Casa de Gobierno.
Las redes de contención son endebles porque el sistema institucional aparece intoxicado por peleas palaciegas cruzadas por intereses particulares que disputan el poder. El escenario es complejo pero, para suerte de la gestión, está en otro lado.
Fuente: Página Política
