La persistente pero moderada lluvia de este sábado por la siesta disminuyó los ánimos de los grupos que pedían por la liberación de los condenados por delitos de lesa humanidad, reduciendo la manifestación a un puñado de personas que reclamaron con paraguas y pañuelos negros en Plaza de Mayo por sus “héroes” y “patriotas” que “combatieron la subversión” en los ’70.

La situación meteorológica adversa, sin embargo, no impidió que se produjeran momentos de leve tensión cuando se cruzaron negacionistas con organizaciones de izquierda y de derechos humanos, que concurrieron para que los manifestantes no se concentraran en la Pirámide de Mayo, el monumento histórico en el centro de la Plaza alrededor del cual las Madres y Abuelas comenzaron a marchar en abril de 1977 para reclamar por la aparición con vida de sus hijos y nietos.

“Vinimos para impedir que estos fachos tomen la Pirámide”, aseguró Ramón Contreras, militante jubilado que cada miércoles reclama frente al Congreso. “El monumento es de las Madres y Abuelas, y fue un éxito porque estas personas que reivindican asesinos y violadores se tuvieron que ir detrás de las vallas”.

Cruces y tensión

Del otro lado de las vallas, frente a la Casa Rosada, un hombre mayor que pidió por el regreso de un régimen militar expresó su fuerte enojo con la policía, que los obligó a trasladarse. En su declaración también apuntó contra Patricia Bullrich por su pasado militante.

“Patricia Bullrich fue una terrorista y no puede venir a decirnos dónde manifestarnos. La policía nos maltrató como si fuéramos delincuentes. Yo vine porque fui parte de esto y sé cómo engañaron al pueblo. No puedo contar cuál fue mi rol, pero no tenían por qué desalojarnos”, sostuvo, visiblemente irritado.

La convocatoria, integrada sobre todo por personas mayores -militares retirados, familiares, delegaciones provinciales y otros simpatizantes del terrorismo de Estado que buscaban contar “la historia completa”- consistió en una concentración bajo la lluvia, banderas y la lectura de un documento negacionista.

La jornada, en sintonía con el discurso oficial que oscila entre el negacionismo y la reivindicación del terrorismo de Estado, fue organizada por Orlando González (exintegrante del Grupo de Tareas de la ESMA), Guillermo Sottovia (hijo de un integrante de la Fuerza Aérea que reivindica el Operativo Independencia), María Laura Olea (abogada de acusados por delitos de lesa humanidad) y Asunción Benedit (hermana del diputado libertario Beltrán Benedit, quien el año pasado organizó la visita de legisladores de LLA a genocidas en el penal de Ezeiza).

Discursos negacionistas y reclamos por los represores

En diálogo con elDiarioAR, Asunción Benedit calificó a los condenados como “prisioneros de guerra”, negó el plan sistemático de exterminio y las apropiaciones de bebés, y afirmó: “Estos juicios son de lesa venganza y responden a un poder judicial militante”.

En otro sector de la Plaza de Mayo, Miguel Ángel Fontana, exsoldado que combatió en Tucumán, declaró que las Fuerzas Armadas actuaron “legalmente” para enfrentar “al extremismo y la subversión”, y relativizó las denuncias sobre centros clandestinos y desaparecidos, que consideró “exageradas” para sostener “crímenes de lesa humanidad”.

Por su parte, Pedro Armeida, soldado de 71 años, dijo que viajó desde Jujuy para apoyar a los detenidos “injustamente” y celebró que, según él, “el presidente está de nuestro lado”.

Rosa, una mujer de 70 años que no quiso dar su apellido, sostuvo que “gracias a los héroes que están privados de su libertad hoy no somos cubanos” y pidió que “ya estén en su casa”.

Por último, Carlos Cresciteri, 69 años, llegado desde Mendoza, reclamó que los represores accedan a la prisión domiciliaria porque “ya cumplieron su pena y solo obedecían órdenes”. También relativizó las apropiaciones de bebés, a las que definió como “daños colaterales” que incluso podrían interpretarse como “actos humanitarios”.

Contexto y escalada negacionista oficial

El avance del discurso negacionista en el Gobierno forma parte del telón de fondo de la movilización. La designación del jefe del Ejército, Carlos Presti, como ministro de Defensa -el primer militar en ocupar ese cargo desde 1983- reavivó las críticas por sus vínculos familiares con un represor de la dictadura. Mientras la Casa Rosada defendió su “intachable carrera”, sectores de derechos humanos advirtieron que la decisión se inscribe en una narrativa que busca relativizar el terrorismo de Estado.

La convocatoria se articuló entre militares retirados, organizaciones afines al terrorismo de Estado, abogados de imputados y grupos de ultraderecha. El llamado, motorizado por figuras como el represor Orlando “Hormiga” González, coincide con gestos oficiales que tensionan las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, como fueron las visitas de legisladores a represores, la aparición del apoderado libertario Santiago Viola como abogado de imputados de la ESMA y la insistencia del Gobierno en instalar la idea de “presos políticos”.

El giro negacionista también se expresó en la escena internacional. Ante la ONU, el subsecretario de Derechos Humanos Alberto Baños cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos y acusó a los organismos de “no buscar la verdad”, lo que generó un fuerte rechazo del CELS y otras organizaciones.

A esto se suman la proliferación de merchandising que reivindica los Falcon verdes en ferias afines a la derecha y el freno a políticas y archivos clave para el avance de las causas de lesa humanidad, en un clima político que habilita la reivindicación pública del accionar represivo.

Fuente: eldiarioAR