La Justicia federal dio un nuevo paso en la causa vinculada al proyecto de instalación de una planta de producción de e‑Combustibles en Paysandú, República Oriental del Uruguay. Mediante una resolución fechada el 30 de abril, se avanzó en la acción preventiva de daño ambiental promovida por los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl.

En ese marco, el magistrado libró un exhorto dirigido al presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Raúl Luis Montero, para que en un plazo de diez días hábiles informe si el organismo fue notificado formalmente del proyecto impulsado por HIF Uruguay SA y/o HIF Global LLC, así como también si se presentó ante la comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo correspondiente.

Asimismo, la resolución judicial ordenó al canciller argentino Pablo Quirno que, por la vía del exhorto judicial, requiera información a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente del Uruguay y al Banco Central del Uruguay. Entre los puntos solicitados se encuentran la fecha de presentación de la solicitud de autorización ambiental previa, copias certificadas de dicha solicitud y del Estudio de Impacto Ambiental del emprendimiento, además de la fecha en la que se realizó la audiencia pública del proceso de evaluación ambiental.

Por otra parte, también se requirió al Banco Central del Uruguay que informe sobre los beneficiarios finales de HIF Uruguay SA y/o HIF Global LLC, de acuerdo con lo establecido por la Ley 19.484 del país vecino, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de la composición del capital accionario de la empresa que llevaría adelante la inversión.

Al referirse a la resolución, Michel destacó la importancia de la medida judicial para la protección ambiental de la región. Señaló que la decisión “es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay”, y remarcó que la Justicia solicitó tanto información técnica del proyecto como detalles vinculados a la inversión y al origen del capital.

El legislador cuestionó a su vez la actuación del gobernador, al considerar que el tema «no admite improvisaciones ni abordajes parciales». En ese sentido, afirmó que «las gestiones impulsadas ahora por la Justicia debieron haberse realizado previamente desde el Poder Ejecutivo provincial», y advirtió sobre la necesidad de una postura institucional firme para resguardar los intereses ambientales de Entre Ríos.