En un fallo reciente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná dictaminó en contra del Colegio de Corredores de Entre Ríos (CCPIER) por diversas arbitrariedades, «así como una grave violación del Debido Proceso y el Derecho de Defensa», según sostuvieron algunos profesionales en un comunicado. «La sentencia evidenció serias fallas en una decisión administrativa de la institución por la que le revocaron la matrícula a un corredor», explicaron.

Lo que los analistas advierten es que ese hecho se enmarca en una práctica habitual entre los diferentes Colegios profesionales en distintos puntos del país. «A pesar de la transformación que experimenta el sector inmobiliario –tendiente a una mayor transparencia y flexibilidad–, las denuncias sin pruebas o con pruebas insuficientes realizadas por los Colegios siguen siendo moneda corriente», denuncian.

Al igual que en el caso de Entre Ríos, aseguran que diferentes sentencias judiciales «vienen desenmascarando la estrategia con la que los Colegios profesionales denuncian, sin pruebas o con pruebas insuficientes, a los colegiados que buscan modelos alternativos para desarrollar sus negocios».

De acuerdo a lo que señalan diversos abogados, a través de denuncias genéricas y generalmente idénticas, se acusa a los corredores que utilizan una red inmobiliaria o marca de franquiciar la profesión asociándose con terceros no matriculados para que ejerzan la profesión. «Casi todos los sumarios están basados en las mismas imputaciones carentes de sustento legal», afirman.

Según apuntaron, «distintas sentencias judiciales han aclarado que en cada una de las oficinas denunciadas había un corredor matriculado responsable que firmaba y sellaba todas las operaciones de reserva, boleto de compraventa y contrato de locación».

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná basó principalmente su decisión en la ilegitimidad del procedimiento utilizado por el Colegio para dar de baja la matrícula de un corredor. El damnificado había solicitado una medida cautelar para restablecer su derecho a trabajar, argumentando que el organismo actuó de forma arbitraria y sin permitirle ejercer su derecho de defensa.

«En el caso del Colegio de Entre Ríos, las arbitrariedades no solo se aplican en sumarios administrativos contra los colegiados. Hace unos meses, un centenar de matriculados denunciaron decisiones estratégicas adoptadas sin aprobación de la Asamblea, como el cambio de sede y las millonarias refacciones en un inmueble distinto al aprobado en 2023, la desvinculación unilateral del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) y modificaciones a la denominación institucional», apuntaron.