Mientras el mercado inmobiliario avanza hacia modelos de negocio atravesados por la tecnología, la digitalización de procesos y los servicios integrados, en Entre Ríos se abrió una discusión legislativa que busca adecuar el marco regulatorio del corretaje a las nuevas dinámicas de la actividad. El debate pone en tensión esquemas tradicionales de organización profesional con planteos que promueven una mayor apertura comercial, reconocimiento de títulos y mecanismos de transparencia institucional.
La discusión tiene como epicentro a la Cámara de Diputados de la provincia, donde se analiza en comisión un proyecto impulsado por la diputada Carola Laner para modificar la Ley Nº 9.739 y su reforma posterior, la Ley Nº 11.084. La iniciativa apunta a actualizar las reglas que regulan el ejercicio del corretaje inmobiliario, en un contexto en el que distintos actores del mercado sostienen que la normativa vigente presenta limitaciones frente a los cambios que experimenta la actividad.
Desde esa perspectiva, el proyecto propone una serie de modificaciones orientadas a flexibilizar y modernizar el funcionamiento del sector.
Entre los principales puntos se encuentra la posibilidad de utilizar marcas comerciales, nombres de fantasía y sistemas de franquicias, siempre bajo la supervisión de un profesional matriculado. Además, habilita la incorporación de personal auxiliar para tareas administrativas, una práctica extendida en otros rubros y que distintas empresas inmobiliarias consideran necesaria para optimizar la gestión operativa.
La iniciativa también plantea el reconocimiento de títulos universitarios de corretaje expedidos por cualquier universidad del país, estableciendo que el colegio profesional entrerriano otorgue la matrícula correspondiente a esos graduados.
Otro de los aspectos centrales está vinculado con los mecanismos de control institucional. En ese sentido, se propone que los colegios profesionales publiquen anualmente sus balances y memorias, al tiempo que las sanciones disciplinarias queden limitadas a procedimientos específicos o a la existencia de sentencias judiciales firmes.
Cuatro cambios de fondo
El debate abierto en la provincia se desarrolla en paralelo a una transformación más amplia de la industria inmobiliaria, impulsada por cambios tecnológicos, organizacionales y comerciales que están redefiniendo el perfil de la actividad.
La tecnología gana protagonismo
La incorporación de herramientas de inteligencia artificial, sistemas automatizados de tasación, análisis predictivo de datos y firmas digitales comenzó a modificar la operatoria cotidiana del sector.
Quienes impulsan una actualización normativa sostienen que estas tecnologías no reemplazan la intervención profesional, sino que permiten reducir el peso de las tareas administrativas y concentrar el trabajo en aspectos vinculados con la negociación, el asesoramiento y la generación de confianza con los clientes.
En ese marco, consideran necesario que la legislación otorgue plena seguridad jurídica a este tipo de instrumentos digitales para facilitar y agilizar las operaciones.
El crecimiento de servicios integrados
Otro fenómeno que gana relevancia es la conformación de ecosistemas de servicios que acompañan toda la vida útil de una operación inmobiliaria.
La actividad ya no se limita exclusivamente a la compra, venta o alquiler de propiedades. Actualmente incorpora herramientas de financiamiento privado con garantía hipotecaria, sistemas digitales de fianzas para alquileres, plataformas de análisis de datos y programas permanentes de capacitación profesional.
Según esta visión, la consolidación de estos modelos requiere marcos legales estables y previsibles que otorguen seguridad tanto a inversores como a usuarios.
Un nuevo perfil
La evolución del mercado también modifica el rol tradicional del corredor inmobiliario.
La tendencia apunta hacia perfiles con capacidad para coordinar equipos interdisciplinarios integrados por especialistas en derecho, finanzas, arquitectura y marketing digital.
Al mismo tiempo, se advierte que muchas de las competencias vinculadas a entornos digitales y nuevas herramientas de gestión no forman parte de manera suficiente de los programas académicos tradicionales, lo que llevó a empresas e instituciones privadas a desarrollar capacitaciones propias para fortalecer la preparación técnica y ética de sus equipos.
Desde esta óptica, una eventual reforma debería priorizar la capacidad profesional y el desempeño ético antes que requisitos considerados meramente burocráticos.
Diversidad de modelos de negocios
La actividad inmobiliaria exhibe actualmente una amplia variedad de formatos empresariales. Conviven desarrolladoras que comercializan directamente sus productos, plataformas digitales basadas en servicios en la nube y redes colaborativas entre colegas impulsadas por inteligencia artificial y sistemas de reputación.
Frente a ese escenario, distintos sectores sostienen que una actualización normativa permitiría establecer reglas que contemplen esa diversidad de modelos, promoviendo la competencia y la innovación sin desplazar a las estructuras tradicionales.
Una discusión que excede a los actores del sector
Los impulsores de una reforma sostienen que la actualización del marco regulatorio no debe interpretarse únicamente como una demanda corporativa, sino como una herramienta para dinamizar el mercado inmobiliario, reducir barreras de ingreso, mejorar la transparencia y disminuir los costos de transacción.
En ese contexto, la discusión legislativa que comenzó en Entre Ríos aparece como uno de los primeros casos provinciales donde se pone en debate cómo adaptar las reglas del corretaje a una industria cada vez más atravesada por la tecnología, la integración de servicios y la búsqueda de mayor seguridad jurídica para las inversiones.
