Concordia

La Multisectorial de DDHH repudió el hostigamiento policial que denunció una militante del MTE en Concordia

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia expresó su “rechazo absoluto” al accionar policial denunciado por la militante Ludmila Fernández Castellano, integrante del MTE/Patria Grande, quien aseguró que una patrulla se presentó en su domicilio y fotografió la fachada de su vivienda sin brindar explicaciones.

El hecho, que ya fue denunciado ante la Fiscalía, generó preocupación en organizaciones sociales y políticas de la ciudad, que advierten sobre prácticas de vigilancia e intimidación atribuidas a la Policía de Concordia en los últimos meses. Según relató Fernández Castellano, los agentes tomaron imágenes de su casa y no pudieron justificar el procedimiento cuando ella solicitó información.

La Multisectorial exige explicaciones y garantías

En un comunicado, la Multisectorial sostuvo que la situación “llama poderosamente la atención” y calificó el accionar como “manifiestamente irregular”. La organización reclamó que la fuerza policial brinde una explicación inmediata y que la justicia local avance con la investigación.

Además, exigió una respuesta del ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, de quien depende la Policía entrerriana. “Debe garantizar las libertades individuales de todos los habitantes del suelo provincial”, señalaron.

Contexto político y social

La denuncia se suma a otros planteos recientes de organizaciones territoriales que cuestionan operativos policiales considerados intimidatorios. En el caso del MTE y Patria Grande, dirigentes locales vincularon el episodio a un clima de tensión con el municipio que encabeza Francisco Azcué, aunque la Multisectorial evitó adjudicar responsabilidades políticas y centró su reclamo en la necesidad de transparencia institucional.

El caso abrió un debate sobre los límites del accionar policial y la protección de garantías democráticas en Concordia, en un momento en que los movimientos sociales buscan visibilizar situaciones de hostigamiento y exigir protocolos claros de actuación.

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