La disposición no es “obligatoria” por lo que “se evaluará si se puede utilizar el régimen para alguna situación especial, independientemente del estado en que esté el reclamo”, explicó el funcionario.
Julio Rodríguez Signes caracterizó al nuevo decreto como “un régimen voluntario y ordenado”, por lo que las provincias “son libres y pueden adherir o no”. Por lo tanto, opinó que “esta normativa es una herramienta más, un procedimiento que suma para evaluar los reclamos de provincias a Nación. Es bastante permisivo en ese sentido, no como otros regímenes de consolidación de deuda en donde las provincias estaban obligadas a ir y a recibir un bono a cambio”, observó.
En este contexto, afirmó que Entre Ríos no está en mora con respecto a Nación, sino que es a la inversa, “la provincia solamente tiene deudas de los fondos fiduciarios, pero están todas en situación regular. Es decir, la provincia viene cumpliendo, porque se le descuenta del régimen de coparticipación”.
Así las cosas, el fiscal mencionó algunos de los reclamos más importantes que lleva adelante la Fiscalía de Estado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), uno de ellos el referido a la Caja de Jubilaciones. “Nación tiene por obligación, fijada en un Pacto Fiscal del 2017, que debe atender el déficit tradicional de la provincia. Esto no lo está cumpliendo y es una violación de los pactos fiscales. Por eso la Fiscalía de Estado recibió instrucciones directas del gobernador, en abril de este año, para demandar ante la CSJN ese derecho, y así lo hicimos, en ese mes”, remarcó.
Señaló además que “hay otro sinnúmero de situaciones, por ejemplo excedentes de Salto Grande, que también lo demandamos ante la Corte. Y otras donde estamos en conflicto, por ejemplo, con la obra pública contratada por la provincia pero con recursos nacionales, con financiamiento nacional; ahí la Nación postergó el envío de esos recursos y nos colocó en una situación de debilidad frente a los contratistas. Eso lo estamos reclamando puntualmente también en Vialidad Nacional, en el Ministerio de Infraestructura de la Nación”, detalló el fiscal.
