En comunicación con #TareaFina, Daniela García reconoció esta mañana que “nosotros tenemos responsabilidad en los tiempos de evaluación para el otorgamiento del Certificado de Impacto Ambiental”.

La semana pasada se conoció la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que por mayoría dictó sentencia ante una apelación promovida por la Fiscalía de Estado de Entre Ríos contra una decisión tomada frente a una acción de amparo contra el Ejecutivo por la falta de aplicación de las normativas para el cuidado del ambiente por el accionar de las areneras en Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la apelación a la sentencia de la Sala Segunda Laboral de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú que ordenó al Ejecutivo provincial evaluar las habilitaciones de las empresas areneras instaladas en el Delta entrerriano. “Casi todas” operan al margen de la ley, se refiere en el escrito al que accedió el portal Era Verde. De este modo ratificó el mandato para controlar la vigencia de certificados de aptitud ambiental y el cumplimiento de todos los requisitos que exigen las normativas en la materia. 

Esta mañana, en comunicación con #TareaFina, la secretaria de Ambiente de la provincia Daniela García reconoció que la responsabilidad del operar ilegal de las areneras de Ibicuy y Gualeguaychú recae en su área. “Las areneras presentaron los estudios. La responsabilidad es nuestra por los tiempos de evaluación para el otorgamiento del certificado de impacto ambiental” dijo al aire de Radio Ciudadana. 

“La provincia trata de estar en todas las actividades productivas, pero muchas veces las actividades se dan y nosotros todavía no terminamos el proceso de autorización” explicó.

“No estamos en todos los puntos de extracción presentes, como sería lo ideal. Si las areneras estuvieran todas con certificado de aptitud, no habría ninguna objeción. El problema es que muchas están trabajando sin la autorización de Ambiente. Tenemos poco personal y mucho tiempo y trabajo, cruzando información con otras áreas” se excusó.

Según explicó la funcionaria, la extracción de arena silícea en Entre Ríos tiene múltiples destinos, uno es la fabricación de vidrio, otro la obra pública, la construcción, y a partir de Vaca Muerta hay dos lugares en territorio provincial que tienen arena con pureza de 99%, que no necesita lavado. Esta última es la arena que se extrae y se lleva a Vaca Muerta.

El procedimiento para funcionar

Hasta hace unos años la secretaría de Minería era quien otorgaba las habilitaciones. Pero en 2019 Minería y Puertos Navegables dejaron de otorgarlas a quienes no cumplieran con la secretaría de Ambiente.  

 “La empresa  presenta su estudio y la secretaria evalúa el impacto ambiental, que es un documento técnico que intenta predecir la afectación potencial. El estudio en teoría debería presentarse antes de que la actividad se ejecute” describió García.

Eso en la teoría. Pero en la práctica, “la mayoría de las veces las actividades están iniciadas y ya sea por una denuncia o porque la secretaría detecta que esa empresa no está presentada, se intima a presentar los estudios de impacto ambiental”, dijo.

 Sobre el caso de Ibicuy y Gualeguaychú, donde afecta el fallo del STJ, además “las areneras están en un área protegida, entonces también Hidráulica tiene que dar su opinión además de la nuestra, y ver qué pedirle a los propietarios” reconoció.

García, quien llegó a la gestión ya iniciado el segundo mandato de Bordet en mayo de 2021, reconoció que “muchas areneras estaban funcionando sin certificación, y por eso el gobernador  hace tiempo que pide que se regularice la actividad en la provincia, hace cuatro años lo viene pidiendo” aseguró.

Consultada sobre por qué el gobierno no actuó antes, y sí lo hace ahora con una orden judicial, dijo que “no se hizo antes porque no tenemos capacidad técnica” y porque “frenar un proceso productivo por nuestros tiempos, que a veces duran un año o año y medio, para la gente que está produciendo es fuerte”.  –