La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) destacó el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos como un avance “concreto y necesario” para enfrentar el crecimiento de la litigiosidad en materia de riesgos del trabajo, «una problemática que la provincia arrastra desde hace años y que se aceleró en los últimos períodos», según indicaron en un comunicado.
La iniciativa incorpora tres herramientas centrales que, según la entidad, permitirían devolver previsibilidad y objetividad al sistema:
- la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial,
- la aplicación obligatoria del Baremo vigente,
- y la desvinculación de los honorarios periciales del monto del juicio y del porcentaje de incapacidad determinado.
Para la UART, estos cambios representan avances relevantes frente a un escenario que demanda respuestas urgentes. Los datos que difundieron indican que en 2025 Entre Ríos registró 2.502 nuevos juicios por riesgos del trabajo, un 25% más que en 2024, y su índice de judicialidad pasó de 69 a 87 demandas cada 10.000 trabajadores cubiertos. La tendencia se profundizó en 2026: entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la cantidad de juicios creció 38%, el mayor incremento entre las nueve principales jurisdicciones del país.
«Un sistema desbordado»
La entidad remarcó que la tasa de judicialidad entrerriana —87 juicios cada 10.000 trabajadores cubiertos en 2025— es muy superior a la de sistemas comparables como España (8,5) y Chile (5,8). Si la cobertura y la siniestralidad se mantienen dentro de parámetros similares, la litigiosidad debería tender a niveles consistentes con esas experiencias.
Por eso, la UART sostiene que el proyecto entrerriano es apenas el inicio de un camino que debe completarse con una implementación “efectiva, rápida y consistente”. La conformación y funcionamiento del cuerpo médico, la aplicación uniforme del Baremo y la validación del accionar técnico de las Comisiones Médicas como instancia administrativa especializada son, según la entidad, condiciones necesarias para que la judicialización vuelva a ser “la excepción y no la regla”.
El impacto económico y productivo
La UART advierte que la judicialidad excesiva y sin fundamentos afecta la productividad de las empresas y la creación de empleo en la provincia. La entidad insiste en recuperar una lógica básica del sistema: que se cumpla la regla y se judicialice la excepción, evitando incentivos que alimenten una litigiosidad que no guarda relación con la evolución de la siniestralidad laboral.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo es la cámara que nuclea a las ART del país, integrada por 17 asociadas. A 30 años de la puesta en marcha del sistema, destaca que se han salvado más de 20.000 vidas y evitado 5,1 millones de accidentes laborales gracias a la prevención. Actualmente brinda cobertura a más de 10 millones de trabajadores y 1 millón de empleadores, consolidándose como una herramienta central para la salud y seguridad laboral.
