“En este complejo contexto económico y social se hace imprescindible proponer herramientas que reactiven a las industrias entrerrianas con adecuado régimen de incentivos para darles competitividad y fomentar la creación de empleo”, señalaron desde el bloque de senadores del justicialismo.
De este modo, argumentaron la presentación de una iniciativa que actualiza el régimen de promoción industrial que se puso de marcha durante la gestión de Gustavo Bordet. El proyecto, cuyo autor en Víctor Sanzberro, lleva la firma del resto del bloque: Martin Oliva, Marcelo Berthet, Juan Diego Conti, Juan Cosso, Patricia Díaz, Gladys Domínguez, Nancy Miranda, y Claudia Silva.
El proyecto, como la propuesta presentada por los diputados justicialistas, modifica la actual ley Nº 11.071, de Promoción y Desarrollo Industrial de la provincia, estableciéndose una actualización del régimen legal, institucional y normativo.
Se apunta a ampliar los beneficiarios al incluir nuevas inversiones industriales, transporte terrestre de cargas, actividades turísticas, culturales, y aquellas relacionadas con la economía circular y la neutralidad de carbono, lo que responde a la necesidad de diversificar y modernizar la base industrial de la provincia. Al ampliar el espectro de beneficiarios, se promueve un desarrollo más inclusivo y sostenible, alineado con las tendencias y necesidades actuales en los ámbitos económico y ambiental.
Asimismo, se busca incentivar la creación de nuevos establecimientos industriales y la reactivación de aquellos que han estado inactivos por un período prolongado, lo que es esencial para dinamizar la economía provincial. Estas medidas fomentan la inversión, la innovación y la reactivación económica, elementos claves para el desarrollo sostenible a largo plazo.
Se propone además la revisión y ampliación de las exenciones fiscales para ofrecer un incentivo significativo para los inversores y empresarios, asegurando que estos beneficios sean atractivos y pertinentes a las realidades actuales. Al extender las exenciones a impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos y Automotor, se crea un entorno más favorable para el desarrollo industrial en la provincia.
Otra de las modificaciones plantea la extensión de los plazos de vigencia de los beneficios fiscales de diez a quince años para nuevos establecimientos industriales, con la posibilidad de prórroga por cinco años adicionales, proporciona mayor certeza y estabilidad a largo plazo para los inversores. Este marco temporal extendido es crucial para atraer inversiones significativas que requieren un horizonte prolongado para la recuperación del capital y la generación de beneficios.
Finalmente, se obliga al Poder Ejecutivo provincial a garantizar la capacitación continua del personal del organismo de aplicación de la ley.
La creación de una “ventanilla única” para la tramitación de todos los requisitos necesarios facilitará el acceso al régimen de promoción industrial. Este mecanismo no solo reducirá la burocracia, sino que también mejorará la eficiencia del proceso administrativo, para atraer inversiones y fomentar el crecimiento industrial en la provincia. Al incluir a todos los organismos de control pertinentes en este sistema, se garantiza una mayor coordinación y simplificación de los trámites
