La Cámara de Diputados de la provincia aprobó hoy las modificaciones a los artículos N°8 y N°26 de la ley N°10.563 de “Mecanismo provincial de la Prevención de la Tortura y otros tratos, o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”. La iniciativa fue impulsada por el gobernador, Gustavo Bordet, en coordinación con los organismos de Derechos Humanos de la provincia, y presentada en la Cámara Baja por el legislador concordiense del Frente CREER, Néstor Loggio.
En este sentido, el legislador argumentó que “este nuevo esquema de selección del Comité de Prevención de Torturas propone una mejora en la elección de sus integrantes; hace un recorte necesario en el gasto fiscal previsto y le otorga más volumen político a sus participantes porque plantea la participación directa del Poder Legislativo en estos temas”. También subrayó que “la presentación del proyecto se realizó con el compromiso del Gobernador, de que las modificaciones estarían listas antes del próximo 24 de marzo”.
Durante su discurso, el legislador peronista describió que “las sociedades modernas están atravesadas por una conflictividad criminal cada vez más agresiva e incluso muy amplificada por los medios de comunicación que ponen en discusión a veces el punto entre la corrección y lo ilegitimo”.
“Frente a esta situación, el Estado, delegado por el pueblo para preservar la paz social, tiene el monopolio de la fuerza. Y, por lo tanto, debe tener una superioridad ética en relación a quienes rompen o infringen el pacto social”, continuó Loggio.
“Nuestra Constitución Nacional establece que las cárceles deben ser sanas y limpias para la seguridad y no para el castigo para los reos detenidas en ellas. La función de la pena no debe ser solamente por retribución frente al delito, sino que también debe cumplir su objetivo de resocialización y permitir así al condenado reincorporarse al tejido social que lesionó con su transgresión”, argumentó luego.
“Nadie debe estar por encima de la ley pero entonces nadie debe estar tampoco por debajo de ella. Es voluntad de nuestro gobierno entender y atender la multidimensionalidad de la conflictividad en la que viven las personas privadas de la libertad, sin desestimar ni quitar vigor a la seguridad y tranquilidad en la que debe vivir el resto de la ciudadanía que no infringe las normas de convivencia en sociedad”, recordó el Diputado.
