Michel, en un artículo de opinión, consignó que la excepción que contempla ese decreto no está contemplada en la ley 27.743, conocida como “paquete fiscal”, que fuera votada en conjunto con la Ley Bases en el Congreso.

El ex funcionario de Aduanas recordó que el texto remitido por el Ejecutivo nacional, y que se terminó votando en ambas Cámaras, contó con un párrafo estableciendo que todo pago recibido por cualquier concepto relacionado al trabajo personal en relación de dependencia (sea pagado por su empleador o por un tercero) integrará la base imponible del impuesto a las ganancias.

Y remarcó que para evitar confusiones interpretativas, se estableció que “no serán aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes –generales, especiales o estatutarias, excepto las contenidas en esta ley y sus modificaciones y la ley 26.176–, decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma (…) mediante las cuales esté establecido o se establezca en el futuro, directa o indirectamente, la exención, desgravación, exclusión, reducción o la deducción, total o parcial, de materia imponible de este impuesto”.

Michel, en el texto publicado por Infobae, razonó: “Esta norma claramente deja fuera del beneficio a cualquier disposición prevista en una norma especial, entre ellas las excepciones contenidas en la ley 19.640 que regula el Régimen especial fiscal y aduanero de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Por lo tanto, la excepción que otorga el decreto “claramente violenta el principio de legalidad, ya que mediante un Decreto se da un beneficio superior al que establece la ley. En otras palabras, por la vía del Decreto 652/2024 se busca exceptuar del Impuesto a las Ganancias a los salarios percibidos en Tierra del Fuego sin haber estos sido exceptuados por la ley 27.743”, concluyó.

“Esta situación genera no solo una violación a principios constitucionales del derecho tributario, sino que genera incertidumbre jurídica y potencia la judicialización de la medida”, evaluó.

“En efecto – agregó – no solo estarán legitimados a demandar otros trabajadores que vean afectados derechos constitucionales -igualdad ante la ley, reserva de ley, principio de legalidad-, sino también otras provincias que vean afectada la coparticipación por una excepción a la base imponible otorgada de manera ilegal”.

Con respecto a esta última posibilidad, comentó ante la consulta de esta Agencia que Entre Ríos “podría” demandar a la Nación por la merma en la base de cálculo de la distribución de ganancias vía coparticipación que se desprende de la excepción firmada por el presidente Javier Milei.

“Igual que como hizo con lo de Macri en 2019”, precisó.

El antecedente que citó remite a que en agosto de ese año, tras haber perdido por amplio margen las elecciones primarias, el entonces presidente Mauricio Macri redujo la alícuota de IVA en los productos de la canasta básica. La decisión impactó en la coparticipación a las provincias, que no habían dado su visto bueno a la medida.

Este requisito es indispensable porque la coparticipación es una Ley convenio que exige la anuencia de todas las legislaturas provinciales y no puede modificarse por una norma inferior, como un decreto.

El corolario fue que varias provincias, una de ellas Entre Ríos, demandaron a la Nación ante la Corte. El máximo tribunal les dio la razón y ordenó la devolución de los montos no percibidos, a costa de recursos del Estado federal.

“Imagino que el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes actuará de la misma manera que lo hizo en 2019 en defensa de los intereses de los entrerrianos”, remató.

Fuente: APFDigital