El intendente de Santa Elena salió al cruce de la resolución de la Junta Electoral del PJ que este sábado pasado habló de las dificultades financieras del partido para llevar adelante las elecciones internas programadas para el próximo 6 de julio. Daniel Rossi, también precandidato a senador por la lista Reconstrucción Entrerriana, denunció «la existencia de una maniobra institucional encubierta, dirigida a impedir la realización de elecciones internas legalmente convocadas para el 6 de julio de 2025, invocando como pretexto supuestos problemas financieros y logísticos». Este argumento, según Rossi, «no solo carece de sustento normativo, sino que constituye una afectación directa y actual del derecho político de participación activa».

Rossi presentó este domingo 1 de junio una denuncia dirigida a la Junta Electoral del partido y a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Paraná con competencia electoral. En el texto, solicita que «se arbitren todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad del proceso electoral interno, conforme a las normas estatutarias, legales y constitucionales aplicables». También insta a que la Junta Electoral se abstenga de tomar decisiones en ese sentido. Pidió que «se intime a los órganos partidarios correspondientes a abstenerse de adoptar decisiones administrativas o “de hecho” que impliquen la cancelación, postergación o manipulación del acto comicial interno sin resolución judicial fundada».

La denuncia

La denuncia está patrocinada por el abogado Guillermo Reggiardo. En el documento se cita a la resolución 7 de la Junta Electoral del PJ, del sábado 30 de mayo, que manifiesta la «preocupación» ante presuntas dificultades operativas derivadas de la suspensión de las PASO (Ley 27.783) y del costo que implicaría asumir con recursos propios la organización del acto eleccionario. «Sin embargo, esa resolución no contiene ninguna decisión jurídica valida, ni resolución suspensiva, ni propuesta de solución, sino que opera como una advertencia política cuya consecuencia práctica es la paralización del proceso electoral
interno, colocando a los candidatos oficializados en una situación de incertidumbre institucional y vulnerabilidad jurídica», sostuvo Rossi.

«Esto no puede interpretarse sino como una maniobra para cancelar de hecho la elección, trasladando la responsabilidad hacia factores económicos sin adoptar alternativas validas ni mecanismos democráticos alternativos, como la boleta ˙nica, la descentralización territorial o la reducción proporcional de sedes.
Resulta especialmente grave que el proceso electoral ya se encuentra convocado oficialmente, con listas reconocidas, apoderados acreditados y cronograma en curso, incluyendo la fecha formal del acto electoral fijada para el 6 de julio de 2025, según surge de las resoluciones N.º 01, 03, 05 y 06 de la misma Junta», agregó.

«La supuesta “falta de recursos” nunca fue invocada como causa legal para la suspensión de comicios internos en la historia electoral del peronismo entrerriano, y ningún artículo de la Carta Orgánica ni
de la Ley 23.298 autoriza la sustitución de la voluntad popular por la discrecionalidad presupuestaria de un órgano partidario», añadió.