La expresidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos Paula Armándola denunció este viernes a miembros de la actual comisión directiva por «persecución sistemática, violencia institucional y difamación», según información a la que accedió Tarea Fina Noticias.
La denunciante señaló que se cierne sobre ella «una campaña de desprestigio, hostigamiento personal y acciones arbitrarias». Sostuvo que, como ejemplo de ello, se intentó removerla del Consejo de la Magistratura, se desaprobaron balances auditados y se utilizaron canales oficiales «para falsas acusaciones».
La causa tramita en el juzgado civil y comercial número 4 de Paraná, con el expediente 27025.
Qué dice la denuncia
Armándola presentó la denuncia ante la Justicia de Familia por violencia institucional y violencia digital de género, en el marco de la Ley 26.485. La presentación apunta contra las actuales autoridades del Colegio y solicita medidas urgentes de protección, cese de hostigamiento y derecho a réplica frente a publicaciones periodísticas que, según sostiene, afectaron gravemente su honor profesional y personal.
De acuerdo al escrito judicial, la denunciante acusa al presidente del CCPIER, Germán Solari, junto a otros integrantes del Consejo Directivo —Carolina Ledesma, Alcides Cogno, Juan Lanzi y Luisina Pretis— de haber desplegado durante todo el año 2025 una estrategia sistemática de persecución, hostigamiento y desprestigio, utilizando tanto los canales institucionales del Colegio como medios de comunicación y plataformas digitales.
Armándola, quien fue la primera mujer en presidir el Colegio Inmobiliario entrerriano, sostiene que el conflicto se intensificó tras el recambio de autoridades ocurrido el 1° de enero de 2026, lejos de apaciguarse. En su denuncia afirma que las acciones emprendidas en su contra tuvieron un impacto directo en su salud psicológica, su vida familiar y su trayectoria profesional, afectando incluso su desempeño en ámbitos institucionales de alcance nacional.
Acusaciones de filtraciones y “operaciones de prensa”
Uno de los ejes centrales de la presentación judicial es la supuesta filtración de información interna y confidencial del Colegio hacia distintos portales digitales, lo que habría dado lugar —según la denunciante— a una serie de notas periodísticas con títulos y contenidos que la vinculan a hechos de corrupción, gastos indebidos y malversación de fondos.
El escrito enumera publicaciones aparecidas en medios locales y provinciales entre agosto y diciembre de 2025, donde se mencionan supuestos gastos millonarios, pedidos de remoción y cuestionamientos a su gestión. Armándola sostiene que los datos difundidos —montos específicos, actas internas y movimientos contables previos a su aprobación— solo podían provenir de un círculo reducido de autoridades, lo que, a su entender, evidencia una maniobra deliberada para instalar un “relato de criminalización”.
Según la denuncia, ese circuito se habría completado cuando esas mismas publicaciones fueron luego utilizadas dentro del ámbito institucional para justificar impugnaciones, pedidos de desplazamiento y comunicaciones oficiales dirigidas a la matrícula.
Denuncia por violencia institucional y de género
Desde el punto de vista jurídico, la presentación encuadra los hechos como violencia institucional, al tratarse de un ente público no estatal que ejerce funciones delegadas por el Estado. Armándola sostiene que el uso de la estructura del Colegio para disciplinar, desacreditar y excluir a una ex autoridad constituye una forma de violencia política y simbólica con un claro componente de género.
También se invoca la figura de violencia digital contra la mujer, señalando que el daño se amplifica y perpetúa en el ecosistema de internet, donde las publicaciones continúan disponibles y accesibles a través de buscadores.
Medidas solicitadas a la Justicia
Entre las medidas requeridas, la denunciante solicitó:
- El cese inmediato de actos de hostigamiento por parte de las autoridades denunciadas.
- Una prohibición de acercamiento respecto de uno de los integrantes del Consejo Directivo, por conductas que califica como hostiles y despectivas.
- La rectificación institucional ante la matrícula del Colegio y ante el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI).
- El derecho a réplica en los medios que difundieron las acusaciones.
- La baja o desindexación de contenidos digitales considerados difamatorios.
- La convocatoria a audiencias urgentes para ampliar la denuncia y escuchar a las partes.
Finalmente, Armándola afirma que su gestión fue auditada interna y externamente sin observaciones técnicas y que la desaprobación de su balance respondió a una persecución política, motivo por el cual también inició acciones judiciales para salvaguardar su buen nombre.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá evaluar la verosimilitud de los hechos denunciados y la procedencia de las medidas solicitadas.
