El senador Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay solicitaron intervención en la causa en carácter de Amicus Curiae, y el juez federal subrogante, Hernán Viri, hizo lugar al planteo sosteniendo que “se encuentran acreditadas las condiciones de legitimación necesarias”.

En ese marco, junto a los legisladores Gustavo Bordet y Blanca Osuna, y los intendentes de San José y Pueblo Liebig, Gustavo Bastián y Julio Pintos, pusieron a disposición de la ciudadanía el sitio web amigosdelriouruguay.com para acceder a información del expediente. “La transparencia y el acceso a la información son fundamentales en un tema que puede afectar al Río Uruguay y a nuestras comunidades”, manifestaron.

“Del expediente surge que no se habría activado el procedimiento de información y consulta previa previsto en el artículo 7 y siguientes del Estatuto del Río Uruguay, el cual obliga a los Estados a regular y limitar el uso del río y proteger su medio ambiente”, señalaron en un comunicado.

En ese sentido, puntualizaron que “el artículo 7 es claro: cuando un país pretende realizar una obra que pueda afectar la navegación del río, su régimen, o la calidad de sus aguas, debe comunicar a la CARU acompañando la documentación técnica y los estudios correspondientes, para permitir la evaluación de sus efectos por la otra parte”.

Finalmente, los legisladores peronistas cuestionaron el rol del gobernador Rogelio Frigerio en la situación: “En diciembre de 2019, cuando Rogelio Frigerio era ministro del Interior, la delegación argentina ante la CARU designada por su gestión aprobó la Resolución 28/19 que modificó el Digesto del Río Uruguay debilitando estándares ambientales. Hoy afirma defender el ambiente y el río, pero lo cierto es que fue su propia gestión la que impulsó una decisión que viola el artículo 41 del Estatuto del Río Uruguay”.