“Si esto no se revisa, en el 2025 el superávit de las cuentas públicas nacionales lo sostienen las provincias. Entre Ríos pierde $ 282.000 millones en 2025. Estamos dispuestos a acompañar técnica y políticamente al gobernador en este reclamo, pero él y sus legisladores se deben poner al frente del reclamo”, apuntó Guillermo Michel.
El ex director general de Aduanas se refirió al presupuesto 2025, que proyecta una recaudación total de $ 175 billones. Michel señaló que “excluyendo los Derechos de Exportación e Importación, el Impuesto s/ Créditos y Débitos Bancarios y demás tributos y tasas con asignaciones específicas (de menor cuantía), el 57,66% de los recursos deberían terminar en las arcas provinciales”.
Luego agregó que “existen tres asignaciones específicas que implican una resignación de recursos para las provincias de $ 6 billones (considerando el TC del presupuesto a dic/2025, dólares 5.000 millones, aprox.): (i) La asignación específica del 11% de IVA; (ii) Los fondos y fideicomisos del impuesto a los combustibles, y; (iii) El componente impositivo del Monotributo que se asigna a la Seguridad Social.”
Respecto de la evolución de los recursos provinciales, indicó que “con el pasar de los presupuestos las provincias han ido perdiendo recursos coparticipables en detrimento de lo asignado al Tesoro Nacional. La única excepción relevante a esta regla fue el DNU 206/2009, que creó el Fondo Federal Solidario, con la finalidad de financiar en Provincias y Municipios obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial y que se fondeaba con el 30% de las sumas que el Estado Nacional percibiera en concepto de derechos de exportación de soja.”.
Finalmente, resaltó la complejidad de los recursos provinciales. “Lo novedoso de la situación actual es que nunca las provincias vieron tan afectadas las transferencias por parte del gobierno nacional. Ya sea trasferencias directas como así también la eliminación de rubros como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Si el Gobierno nacional avanza en la transferencia de obligaciones a las provincias, las provincias deberán reclamar fondos que les pertenecen y que son “retenidos” por leyes y decretos que establecen asignaciones específicas a determinados recursos coparticipables.”.
