La reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos tendrá este miércoles 14 de octubre una nueva instancia en la Legislatura. A las 11, en el Salón de los Pasos Perdidos, la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados tratará el expediente 29.702, el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica artículos de la Ley 5.315.
Para esta ronda de debate fueron invitados el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel; y el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Julio César Fochesatto.
La Cámara de Diputados informó que el proyecto —también girado a la comisión de Trabajo— ya generó posiciones encontradas entre el Gobierno, que lo defiende como una herramienta para reducir la litigiosidad, y actores del fuero laboral, que lo consideran insuficiente.
Qué propone la reforma
La iniciativa del Ejecutivo se apoya en tres ejes centrales. Un cuerpo médico de peritos: crea un cuerpo de peritos médicos especializados en accidentes laborales, dependiente del Poder Judicial y con sueldo fijo. Cuando intervenga un perito externo, sus honorarios tendrán un tope. Honorarios desacoplados de la condena: propone que los jueces regulen los honorarios según la naturaleza y complejidad de la tarea, y no sobre el monto del juicio. Depósito para apelar: elimina la obligación del empleador condenado de depositar el monto de la condena más un 30% para acceder a la segunda instancia.
El gobierno fundamenta la reforma en la litigiosidad creciente. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en 2025 se iniciaron 2.502 juicios por riesgos del trabajo en Entre Ríos, un 25% más que el año anterior.
Troncoso: “Hay que cuidar al que genera trabajo”
En declaraciones recogidas por ANÁLISIS, Troncoso anticipó que el gobierno busca debatir la reforma antes del receso legislativo. “Somos la segunda provincia con más litigiosidad del país”, sostuvo. Sobre el cuerpo de peritos, explicó: “Con esto buscamos descomprimir el cuello de botella en la Justicia Laboral. Buscamos la imparcialidad”.
También defendió la eliminación del depósito para apelar: “Tenemos que garantizar que se pueda apelar, es un derecho”. Y sintetizó el espíritu de la iniciativa: “Hay que cuidar al que genera trabajo”.
López Arango: “Una mini reforma”
Desde el fuero laboral, la camarista María Gabriela López Arango, vocal de la Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones y vicepresidenta de la Asociación de Magistrados, cuestionó el alcance del proyecto.
“Esto es una pequeña reforma, una mini reforma”, afirmó, y consideró que llamarla reforma del Código Procesal Laboral “parece como demasiado título para lo que se está discutiendo en estos pocos artículos”.
La magistrada advirtió que la iniciativa “pareciera que de alguna forma está como bastante enfocada” en los juicios por accidentes de trabajo, donde las principales afectadas son las aseguradoras. También anticipó que la eliminación del depósito para apelar “va a ser resistido muy probablemente por los letrados y por la gente que está en el fuero del trabajo”.
Además señaló que los magistrados no fueron convocados formalmente a la discusión: “Siempre es bueno en las reformas que todas las partes involucradas estén, den su opinión y participen”.
Lo que se juega en Diputados
La reunión de este miércoles será clave para medir el nivel de respaldo técnico y político al proyecto, y al mismo tiempo la reacción del fuero laboral ante los cambios propuestos. Por otro lado, pondrá en juego la capacidad del gobierno de Frigerio para ordenar la discusión en una Legislatura donde la reforma no genera consenso pleno.
El debate recién comienza, pero ya quedó claro que la reforma del Código Procesal Laboral será uno de los temas más sensibles del cierre del año legislativo.
