La Unión de Obreros Municipales de Concordia denunció una “grave e ilegal situación” que, según sostienen, habilita medidas de acción directa. Entre ellas, confirmaron la retención de tareas, garantizando únicamente servicios mínimos, y no descartaron avanzar hacia un paro total de actividades si el conflicto se profundiza.

Desde la organización gremial señalaron una serie de “hechos graves” que motivaron la medida. En primer lugar, cuestionaron traslados masivos de trabajadores que consideran “ilegales y arbitrarios”, al sostener que se realizaron sin acto administrativo válido ni fundamentos suficientes, lo que —afirman— viola el principio de legalidad y pone en riesgo la estabilidad laboral.

En segundo término, denunciaron un “avance encubierto de la tercerización” del servicio de recolección de residuos. Según el comunicado, existiría un proceso deliberado de vaciamiento del área que no solo implicaría precarización laboral, sino también un perjuicio al patrimonio público y a la calidad del servicio.

A esto se suma un escenario de incertidumbre laboral, producto —según el sindicato— de la falta de información clara y documentada por parte del municipio respecto a la situación del personal.

Por último, la UOEMC acusó al Ejecutivo de romper el diálogo y mantener una “conducta antisindical”, al excluir deliberadamente al gremio de instancias de negociación, lo que consideran una violación a la libertad sindical y al deber de buena fe.

Medidas y advertencias

• Frente a este cuadro, el sindicato resolvió:
• Declarar la asamblea permanente en estado de alerta y movilización.
• Implementar retención de tareas con servicios mínimos.
• Exigir la inmediata reversión de los traslados.
• Rechazar cualquier intento de tercerización del servicio.
• Intimar al Ejecutivo a convocar de forma urgente a una mesa de negociación formal.

La conducción gremial también advirtió que, de persistir la situación, avanzará con acciones administrativas y judiciales, incluyendo pedidos de nulidad y denuncias por prácticas desleales, además de responsabilizar personalmente a los funcionarios intervinientes por los perjuicios ocasionados, según publicó Diario Junio.

En ese marco, no descartaron profundizar las medidas hasta un paro total, dejando en claro que “la defensa del trabajo municipal no es negociable” y que no permitirán “el vaciamiento del Estado ni la vulneración de derechos conquistados”.