El intendente de Santa Elena y candidato a gobernador por Hacer Futuro, Domingo Daniel Rossi, cuestionó duramente el proyecto de Transparencia y Ética Pública que impulsa el Gobierno de Entre Ríos y que incluye un régimen de “Ficha Limpia”. En declaraciones radiales a medios de la capital provincial, sostuvo que la iniciativa podría impedirle competir en 2027 y acusó al oficialismo de diseñar una norma que terminaría afectando a dirigentes que denuncian hechos de corrupción, mientras dejaría habilitados a otros dirigentes de la política provincial con antecedentes y causas judiciales.
Rossi planteó qué tipo de condena debe impedir a una persona presentarse a elecciones y qué garantías deben existir para evitar que una denuncia o una causa penal en trámite pueda convertirse en una herramienta de proscripción política.
El proyecto de Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública fue enviado por el Poder Ejecutivo, tiene 42 artículos y ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa reglamenta los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial y no se limita a la denominada Ficha Limpia: también establece obligaciones sobre declaraciones juradas, publicidad patrimonial, incompatibilidades, prohibiciones, obsequios, viajes, conflictos de intereses y otras reglas aplicables a quienes ejercen funciones en los tres poderes del Estado.
El capítulo que generó la mayor discusión política establece restricciones para acceder a candidaturas y a determinados cargos públicos cuando existe una condena por determinados delitos graves. La discusión legislativa se concentró especialmente en el momento a partir del cual esa condena debe producir la inhabilitación.
En la versión que llegó al Senado se había contemplado el criterio conocido como “doble conforme”: que una condena haya sido confirmada por un tribunal superior, aunque todavía pueda existir una instancia extraordinaria de revisión. En agosto, una modificación introducida en comisión reemplazó esa referencia por la de condena firme, lo que generó cuestionamientos de organizaciones que impulsan la Ficha Limpia y terminó provocando que el expediente regresara a comisión.
Durante septiembre el Senado volvió a discutir el proyecto y, en una reunión realizada el 30 de ese mes, se plantearon nuevas modificaciones. Entre ellas aparece nuevamente la posibilidad de establecer la Ficha Limpia con “doble conforme” y un plazo vinculado con la condena. El debate, por lo tanto, continúa abierto y el texto definitivo todavía puede sufrir modificaciones.
La situación de Rossi
La condena original de Rossi es por enriquecimiento ilícito y fue dictada en Entre Ríos en 2006. Recibió tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta por ocho años y una multa de $90.000. La condena fue luego confirmada por la Justicia entrerriana y, en 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la queja de su defensa. Con ese rechazo, la condena quedó firme en el ámbito judicial argentino.
Pero Rossi llevó el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El expediente es el Asunto 13.588, “Domingo Daniel Rossi c/ Argentina”.
En 2016 la Comisión Interamericana admitió el planteo de Rossi. Su defensa sostiene que la CIDH consideró suficientemente fundadas las denuncias sobre violaciones a garantías judiciales y debido proceso. Desde entonces, el caso continúa tramitándose ante ese organismo.
Por eso su situación aparece expresamente entre las discusiones políticas vinculadas con la aplicación de la Ficha Limpia en Entre Ríos.
Existe también una controversia sobre la interpretación del plazo de inhabilitación previsto en el proyecto. El abogado Carlos Guillermo Reggiardo, representante de Rossi, sostuvo que los diez años previstos por la iniciativa ya se habrían cumplido y que, por esa razón, la norma no impediría su candidatura a gobernador en 2027. Es decir, incluso antes de que exista una ley definitiva, ya existe una disputa jurídica sobre cómo debería aplicarse al caso concreto.
Rossi, en cambio, interpreta que el proyecto forma parte de una estrategia destinada a impedir su candidatura y también la de otros dirigentes que cuestionan al poder político y judicial de la provincia.
“Si se aprueba esta ley tal como la impulsan, no voy a poder ser candidato a gobernador”, sostuvo el dirigente, y cuestionó que otros dirigentes vinculados a los gobiernos anteriores puedan mantener sus posibilidades electorales.
Entre los nombres que mencionó aparecen el actual intendente de Concepción del Uruguay y exvicegobernador José Eduardo Lauritto, el exgobernador y exintendente de Paraná Adán Bahl y la exvicegobernadora Laura Stratta.
El intendente de Santa Elena vinculó especialmente su cuestionamiento con la causa conocida como “Contratos Truchos” de la Legislatura. Se trata de una investigación que analiza un presunto desvío de fondos públicos ocurrido entre 2008 y 2018 y que, según la acusación fiscal, habría provocado un perjuicio estimado en unos 53 millones de dólares.
La causa atraviesa actualmente una etapa decisiva. En septiembre se prorrogaron las medidas de coerción para los 18 imputados que serán llevados a juicio oral y público. La investigación sostiene que el mecanismo habría utilizado contratos legislativos irregulares y que en el esquema habrían intervenido funcionarios, empleados jerárquicos, estudios contables y particulares.
Rossi sostuvo que Lauritto y Bahl deberían ser alcanzados políticamente por las responsabilidades que, según su interpretación, correspondían a quienes ocupaban cargos de conducción durante los años en que funcionó ese esquema.
En particular, apuntó contra Lauritto por haber sido presidente del Senado y contra Bahl por haber ocupado la Vicegobernación. “José Eduardo Lauritto, como titular del Senado, firmaba y era el responsable directo de la administración de recursos en el entramado de los contratos truchos”, afirmó.
Sobre Bahl, Rossi también cuestionó públicamente su evolución patrimonial y reclamó que los organismos de control expliquen, según su planteo, cómo se produjo el incremento de sus bienes.
Stratta y las causas vinculadas a Desarrollo Social
El dirigente también cuestionó a la actual diputada y ex vicegobernadora Laura Stratta por su paso por el Ministerio de Desarrollo Social y vinculó su gestión con investigaciones relacionadas con subsidios y créditos destinados a sectores vulnerables.
En ese punto, Rossi sostuvo que la entonces ministra debía asumir responsabilidad política por el funcionamiento de las estructuras bajo su conducción.
En los últimos años efectivamente se produjeron investigaciones judiciales sobre programas administrados durante gobiernos peronistas. Una de ellas derivó en 2026 en un juicio abreviado por una maniobra vinculada con créditos destinados a jóvenes emprendedores: tres exfuncionarios y un particular admitieron su responsabilidad en una investigación por 319 créditos considerados fraudulentos. La operatoria había ocurrido dentro de estructuras ministeriales que durante distintos períodos estuvieron bajo la conducción de Laura Stratta y Juan José Bahillo.
Ese antecedente, sin embargo, no implica por sí mismo una condena contra Stratta. La diferencia resulta relevante en el debate sobre Ficha Limpia, justamente porque la iniciativa no establece una inhabilitación simplemente por haber sido funcionario durante una gestión en la que se produjo un hecho investigado por la justicia.
La otra discusión: qué significa realmente “Ficha Limpia”
Rossi también cuestionó el criterio mediante el cual la ley determinaría quién puede o no ser candidato.
La discusión gira en torno a si la inhabilitación se activa con una condena confirmada en segunda instancia, una persona podría quedar fuera de una elección aun cuando todavía tenga abierta una instancia extraordinaria de revisión. Si, en cambio, se exige una condena firme después de agotar todas las vías judiciales, el alcance de la norma sería considerablemente menor y podría demorar muchos años en producir efectos.
Rossi sostiene que la norma podría utilizarse políticamente para restringir la competencia electoral y propone otro esquema de control: declaraciones juradas patrimoniales anuales y públicas para jueces, fiscales, integrantes del Tribunal de Cuentas y funcionarios de la Fiscalía de Estado, además de modificaciones constitucionales destinadas, según explicó, a garantizar una mayor igualdad ante la ley.
“Vamos a impugnar de plano esta ley y a presentar todas las modificaciones necesarias”, afirmó el candidato de Hacer Futuro. Y cerró con una definición que sintetiza su posición frente al proyecto: “La gente no vota ladrones”.
