La senadora por el Departamento La Paz, Patricia Díaz, emitió un comunicado en el que cuestionó que “la salud de los entrerrianos no puede ser una opción entre Moreyra y Cañete o Allende”, en referencia a las distintas conducciones de la obra social que la llevaron a la intervención y a la posible salida que se avizora ante el proyecto de reforma del Iosper. Sostuvo que “la salud pública necesita más que un cambio de nombres” y que “necesita una reforma profunda, transparente y participativa”.

La legisladora sostuvo que “mientras se analiza en comisiones del Senado el proyecto para reemplazar al IOSPER por una nueva obra social (OSER), desde mi banca advierto con firmeza: no podemos permitir que el derecho a la salud de los trabajadores del Estado siga siendo rehén de internas políticas, disputas gremiales o negocios corporativos”.

En el comunicado que tituló “la salud de los entrerrianos no puede ser una opción entre Moreyra y Cañete o Allende”, Díaz aseguró: “No voy a convalidar livianamente una estructura que durante años fue utilizada por Silvio Moreyra y Fernando Cañete como instrumento de poder y corrupción, sin transparencia ni controles del Tribunal de Cuentas”. Añadió: “Pero tampoco voy a legitimar una conducción que pretende poner en manos del gobierno de turno, de José Allende, y de algún funcionario foráneo sin arraigo local, otra caja millonaria que debería estar al servicio de los trabajadores, jubilados y sus familias”.

Males

Díaz expresó que “no se trata de elegir entre dos males. Entre Cañete y Allende, Entre Ríos merece una tercera opción. Una opción construida desde abajo, con participación real, reglas claras y sentido de urgencia”. Así, sostuvo que “la salud pública necesita más que un cambio de nombres. Necesita una reforma profunda, transparente y participativa”, según publicó ApfDigital.

Para superar aquellos males, Díaz entendió que “para eso, hay que abrir la discusión real sobre los problemas estructurales que el sistema arrastra hace años: El drama de las prótesis e insumos especiales, que se autorizan demoras inhumanas y trámites kafkianos. El abandono de las personas con discapacidad, cuyos familiares luchan diariamente para conseguir una cuidadora, un acompañante terapéutico o una rehabilitación”.

Añadió “las interminables demoras en autorizaciones, que afectan tratamientos oncológicos, estudios de alta complejidad y cirugías urgentes. El costo de los medicamentos, que no para de subir, mientras la cobertura se reduce o directamente se niega. La falta de auditorías externas, control público y rendición de cuentas, que permitió el uso discrecional de fondos por parte de pocos, sin ninguna consecuencia”.

Así, entendió que “Entre Ríos necesita una obra social fuerte, accesible y controlada por los trabajadores, no por una casta de dirigentes o gerentes del poder”. Díaz convocó a “todos los sectores —trabajadores, gremios, prestadores, colegios profesionales y usuarios— a discutir un nuevo modelo de gestión con control social, participación real y garantía de equidad”.

Finalmente sostuvo: “No es no. Entre la corrupción de ayer y la impunidad de siempre, elijo abrir un camino nuevo. No concibo que nos obliguen a elegir entre Drácula y Frankenstein.