Rogelio Frigerio enfrenta el primer conflicto ambiental de gran escala en su gobernación. Se trata de la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, Uruguay, frente a las costas de Colón. La disputa podría escalar y en Entre Ríos ya se habla de “la nueva Botnia”.

Aunque el contexto es diferente al de los 2000, cuando estalló en Gualeguaychú la lucha por las papeleras, en la provincia ya advierten que la protesta podría escalar a niveles que se equiparen con aquel antecedente. Toda la comunidad política de la región está en alerta y Frigerio ya se pronunció a favor de la lucha. Lo que piden en Tierra de Palmares, la zona afectada, es que la planta sea relocalizada. Las obras empezarían en 2026 y dicen que ahora es cuando hay que frenar su instalación.

Un plan norteamericano en Uruguay
La empresa estadounidense HIF Global se instalará en la localidad uruguaya de Paysandú, frente a las costas entrerrianas, con su nueva planta de hidrógeno verde, una fábrica productora de combustibles sintéticos en base a metanol generado a partir de energías renovables. El anuncio disparó las alarmas en Argentina, tanto de organizaciones ambientales como de las autoridades locales, que lograron contagiar la preocupación al gobierno provincial.

En la zona se conformó la comunidad Tierra de Palmares, que incluye a referentes sociales y a intendentes e intendentas de las localidades afectadas. Junto a los ambientalistas, alzaron la voz para advertir sobre los efectos que la planta tendría principalmente en cuanto a contaminación visual y su afectación a una de las principales economías de la zona, el turismo. Al mismo tiempo, dudan del impacto ambiental sobre la población que a largo plazo se pudiera sufrir.

Según reportó en un comunicado la multisectorial Somos Ambiente del Río Uruguay, uno de los puntos oscuros es el acuerdo de confidencialidad firmado entre la corporación estadounidense y el gobierno uruguayo. La otra alarma es por las características de la industria en la que se planea generar cuatro tipos de «e-combustibles» en base a metanol generado a partir de dos insumos: hidrógeno “verde” y dióxido de carbono. Esto “nos expone a situaciones de contingencias inesperadas”, indicaron desde la ONG.

La preocupación en Entre Ríos
La instalación se anunció en 2023, con una inversión de dos mil millones de dólares y la generación de unos seiscientos puestos de trabajo. Según supo Letra P, en Uruguay las gestiones están más que avanzadas y la localización de la planta ya cuenta con los predios asignados a los que, inclusive, las autoridades de la Junta departamental de Constancia -la localidad a unos 15 km de Paysandú donde se emplazaría la planta- ya les autorizaron la recategorización de eso campos, originalmente de uso exclusivo rural.

Entre la ciudadanía del otro lado del río, la situación no generó conflicto. Desde el año pasado, se realizaron audiencias públicas y hasta los referentes locales del Frente Amplio, el nuevo gobierno uruguayo, votaron a favor de la recategorización de los terrenos para uso industrial. Este antecedente podría proyectar un eventual posicionamiento del gobierno de Yamandú Orsi ante un conflicto binacional.

La argumentación de la empresa ante las consultas por contaminación es que por sus chimeneas emanará vapor de agua. “No tenemos por qué no creerle”, respondió ante la consulta de este medio una periodista uruguaya de la zona, que se asombró ante el revuelo del lado argentino. “En Paysandú hay acuerdo total, por eso ahora ni se piensa en una relocalización”, advirtió. El proyecto que entusiasma a los sanduceros se encuentra, según explicaron desde la multisectorial ambiental, dentro de un radio de 10.000 metros en el que se encuentran habitantes argentinos de las ciudades de Liebig, San José, Colón y sus ejidos, en un total aproximado de 55.000 personas.

La diplomacia, el único camino para Rogelio Frigerio
Para José Luis Walser, jefe comunal de Colón, vecinalista alineado con Frigerio, la cuestión es frenar la instalación ahora, cuando todavía no está hecho el estudio de impacto ambiental. Para eso, consiguió reunir a todo el arco político y enfilarlo detrás de la causa. Desde el gobernador, quien le envió una carta de respaldo, hasta representantes de la Legislatura y de intendencias, un amplio abanico se aglutinó tras el pedido de relocalización.

La vía institucional la comandan en la Casa Gris a través de la diplomacia ejercida por el área competente, la del ministro de Producción, Guillermo “Willy” Bernaudo. Según supo Letra P, el gobierno está interviniendo en la cuestión desde septiembre del año pasado, cuando sucedió la primera reunión en Cancillería con referentes provinciales y autoridades de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo nacional competente que debe mediar y autorizar las instalaciones como la que pretende HIF Global, en bordes de aguas binacionales.

El desafío para el gobierno de Javier Milei
El último pedido de información que realizó la delegación argentina ante la CARU a sus pares uruguayos fue durante febrero, sin respuesta aún. El organismo binacional es quien debería recibir información concreta por parte de Uruguay, que aun no se ha pronunciado en esa instancia, generando incertidumbre de este lado del charco. Habrá una próxima reunión el 1 de abril, entre CARU y Cancillería, para demandar más precisiones al flamante gobierno frenteamplista.

Las relaciones bilaterales serán puestas a prueba luego de lo que fue el antecedente del conflicto por las papeleras, como se conoció la protesta ciudadana que buscó impedir la instalación de la planta de la exBotnia UPM frente a Gualeguaychú. Ese hecho histórico revolotea hoy en las cabezas de la dirigencia local, que no quiere repetir la historia.

Si el conflicto escala en iguales magnitudes, el gobierno provincial avisa que su reacción distará de aquella ejercida por entonces por el gobierno peronista. “No va a tener las posiciones que tuvo con respecto a Botnia, no nos gusta el camino de que se corten puentes, queremos apelar a la vía diplomática”, dijo Bernaudo, ante la consulta de Letra P. En su área, aseguran que en términos ambientales el impacto sería menor que el de Botnia. Citan como ejemplo que en Gualeguaychú no mermó el turismo post papeleras. “No hubo una crisis del turismo”, responden.

El conflicto diplomático por las papeleras entre Argentina y Uruguay duró cinco años, entre 2005 y 2010, por la instalación de dos plantas de pasta celulosa en Fray Bentos e incluyó protestas sociales, cortes del puente internacional, y posicionamientos públicos de todo el arco político nacional. Escaló hasta la corte internacional de La Haya, que terminó dándole la razón al país en cuanto a la violación de tratados internacionales, pero no ordenó el desmantelamiento de las plantas y sostuvo que Argentina no pudo probar la contaminación.

Fuente: Letra P