En línea con el contexto de apertura y modernización que promueven algunos referentes del sector inmobiliario, el diputado Alejandro Bongiovanni presentó un proyecto de ley para «garantizar la libertad de acceso y ejercicio de la actividad comercial de intermediación en operaciones sobre bienes inmuebles». En el texto, se consigna que se elimina «las restricciones legales que limiten la misma, promoviendo la libre competencia entre oferentes, y asegurando a los consumidores el derecho a elegir libremente a sus intermediarios”.

El proyecto del legislador santafesino se enmarca en diferentes iniciativas que propician la libre negociación entre las partes, y remarcan que el corretaje representa una actividad comercial, por lo que “no necesita matrículas obligatorias, ni rituales burocráticos, ni órdenes de control profesional”.

El proyecto de Ley de Libertad Inmobiliaria

Denominado Ley de Libertad Inmobiliaria, la iniciativa intenta terminar con «cinco limitaciones clave», según sostuvieron voceros del sector. Los cinco requisitos que el proyecto busca eliminar son: el título universitario y la matrícula obligatoria; la restricción geográfica para ejercer; “el monopolio de los Colegios Profesionales y su facultad sancionadora”; las sanciones “coercitivas” por ejercicio sin matrícula; y la existencia de aranceles mínimos y honorarios fijos.

Bongiovanni explicó que el espíritu del proyecto “es la libre asociación entre las personas como motor del progreso, y la necesidad de eliminar la maraña regulatoria acumulada década tras década en nuestra legislación, que en casi todos los casos creó barreras de acceso y cotos sectoriales en detrimento de la libre competencia”. Consideró, además, que “por primera vez en mucho tiempo hay consenso social y político para modificar regulaciones innecesarias de larga data”.

En sintonía con Bongiovanni, otros legisladores sostuvieron que «la eliminación de las barreras burocráticas sumará transparencia al sector y democratizará el ingreso al mercado inmobiliario, permitiendo que cualquier persona idónea pueda ejercer». “La libre competencia impulsará la innovación y modernización del sector, ya que al permitir la entrada de nuevos actores y tecnologías, se incentivan modelos de negocio innovadores que optimizan los procesos y amplían la oferta”, dijo Bongiovanni, que es especialista en Derecho y Economía y Ciencias Políticas.

La «falsa profesionalización»

Uno de los puntos que más debate genera el proyecto está vinculado con una dicotomía: si el corretaje es una actividad comercial (como sostienen quienes impulsan una mayor apertura) o una actividad profesional (como subrayan los defensores del status quo).

“La falsa profesionalización tiene su origen en la dictadura militar. Eso –sumado a las restricciones geográficas impuestas a los profesionales y la regulación en el control de precios, con mínimos y máximos de honorarios– es incompatible con una Argentina que quiere ser faro del crecimiento económico», advirtió Jorge Amoreo Casotti, fundador de Poptech Pint, e impulsor del proyecto.

El caso de Entre Ríos

Como ejemplo, subrayó el caso de Entre Ríos. «Allí se transformó falsamente una actividad comercial en una profesión, te piden licenciatura en corretaje inmobiliario. Significa estudiar 5 años lo que en Singapur conseguís en 9 días”, aseguró.

En 1973, un decreto sancionado por el régimen de Alejandro Agustín Lanusse sancionó la Ley 20.266. “El pretexto era vigilar y castigar. La consecuencia: la llave para que la intermediación inmobiliaria sea secuestrada por una telaraña de regulaciones, burocracias provinciales y un ejército de funcionarios irrelevantes, más preocupados por construir aventuras políticas personales pro intervencionismo estatal, que por dinamizar el mercado que juraban representar, protegidos por la mencionada norma, y su posterior endurecimiento en 1999 con la Ley 25.028”, apuntó Casotti.

Casotti explicó que, en 2021, tras dirigir por casi 30 años el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos, José María Armándola –padre de la actual presidenta de la institución, termina mandato a fin de año– «se jactó de haber tenido una gran participación en la colegiación de una actividad que hasta la década de 1970 era comercial». “Dimos la lucha por la profesionalización, dejar de ser comerciante para ser profesional. Eso pasó en el año 1999, con la ley 25.028, que fue una ley nacional que creó la carrera”, indicó Armándola. La ley en Entre Ríos se sancionó en 2002, se modificó en 2006 y pasó a ser específica de corredor inmobiliario.

“Son los propios profesionales obligados a inscribirse quienes expresan, con creciente incomodidad, su rechazo por estos sistemas autoritarios. Nadie quiere que un burócrata con ínfulas de dirigente le diga dónde puede trabajar, cuánto debe cobrar, o si está habilitado a brindar un servicio que el consumidor ya valora. La verdadera profesionalización no surge de una matrícula impuesta, sino de la reputación, del prestigio ganado en el día a día, y de la experiencia validada en la práctica. Es hora de que la intermediación inmobiliaria regrese a su cauce natural: ser una actividad comercial en libre competencia”, cerró Casotti.