Los allanamientos realizados este lunes en Concordia a propiedades del exgobernador y actual diputado Gustavo Bordet marcaron un nuevo capítulo en una investigación judicial que ya tiene fuerte impacto político en Entre Ríos. Los procedimientos, ordenados en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, alcanzaron a la vivienda familiar del ex mandatario, a una casa lindera y a la quinta que el matrimonio construyó en un exclusivo barrio cerrado de la ciudad.
Desde primeras horas de la mañana, personal policial, Policía Científica y delegados judiciales ingresaron a los domicilios ubicados en calles Urquiza y Salta, en pleno centro de Concordia, y al inmueble de fin de semana en el barrio privado Village Termal. Las medidas fueron solicitadas por el fiscal José Emiliano Arias, quien encabeza la investigación patrimonial que involucra también a la diputada provincial Mariel Ávila, esposa de Bordet, y a otras personas del entorno familiar y político del ex gobernador.
Una causa judicial con alto voltaje político
La pesquisa se apoya en la hipótesis de que Bordet habría incrementado de manera desproporcionada su patrimonio entre 2007 y 2023, período en el que ejerció cargos clave en el poder ejecutivo local y provincial. De acuerdo con el planteo fiscal, el crecimiento patrimonial estaría vinculado a la adquisición de bienes muebles e inmuebles que no resultarían compatibles con los ingresos declarados durante su gestión pública.
En ese marco, los allanamientos tuvieron como objetivo el secuestro de documentación vinculada a cuestiones patrimoniales y comerciales, además de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y ordenadores. También se dispuso la constatación física de los inmuebles mediante registros fotográficos, vídeos y tareas de planimetría, además de requisas personales y vehiculares en los domicilios inspeccionados.
Desde el punto de vista político, el caso adquiere relevancia adicional por la decisión previa de Bordet de no ampararse en sus fueros parlamentarios para este tipo de procedimientos. El gesto fue leído en distintos ámbitos como una señal de apertura institucional, aunque no logró desactivar las críticas opositoras ni el debate público sobre la responsabilidad de los ex funcionarios en el uso de recursos y en la evolución de su patrimonio.
La causa también pone bajo la lupa viajes al exterior realizados por el matrimonio y una serie de transferencias bancarias efectuadas por ex colaboradores del ex gobernador, elementos que, según el fiscal actuante, no serían compatibles con el nivel de ingresos familiares registrados.
Las declaraciones de Bordet y su estrategia de defensa
Tras los procedimientos, el legislador difundió una declaración pública en la que subrayó haber accedido voluntariamente a los allanamientos y reiteró que ha cumplido con todos los requerimientos judiciales formulados en su contra. El ex mandatario afirmó que no posee propiedades no declaradas ni bienes en el exterior, y que su patrimonio y su evolución fueron informados por las vías legales correspondientes.
En su mensaje, expresó su confianza en que la investigación permita esclarecer la situación “cuanto antes”, aunque deslizó críticas hacia algunos sectores del sistema judicial, a los que acusó de no actuar con la imparcialidad debida. Aun así, sostuvo que continuará colaborando con la Justicia y defendiendo su “buen nombre”, tanto en el plano personal como institucional.
El ex gobernador cerró su declaración con una reivindicación de la división de poderes, el respeto a las normas y la fortaleza de las instituciones democráticas. Mientras la investigación avanza, el caso probablemente tenga repercusiones no solo en los tribunales, sino también en el escenario político entrerriano, donde la figura de Bordet continúa siendo central para el oficialismo y la oposición.
