Francisco Azcué anunció que la motosierra vuelve a encenderse en Concordia, la ciudad que gobierna Juntos por Entre Ríos desde hace un año y medio. En las últimas horas confirmó que hubo 80 despidos en la planta del personal municipal y pidió a su gabinete el máximo esfuerzo en el ajuste. Los gremios encendieron todas las alarmas.

Según las entidades sindicales, el plan de Azcué incluía no renovar más de 200 contratos que vencían este mes. Luego de la confrontación pública que se generó, el municipio confirmó que fueron 80 los que se dejaron sin efecto. El resto, se verá. Se trata de contratos con y sin aportes que se elaboran por seis meses, por lo que buena parte de la planta contratada queda ahora expectante sin saber si en diciembre les tocará el turno de ser cesanteados.

Los despidos que autorizó Francisco Azcué
La polémica comenzó hace algunos días, cuando una de las despedidas hizo pública su situación. Fue la psicóloga Sonia Brodsky, quien publicó el telegrama de despido en sus redes sociales y contó que la municipalidad prescindía de sus servicios luego de más de 18 años como agente en el área de Fortalecimiento Social. Tras su publicación, los gremios advirtieron que el de Brodsky era solo uno de tantos casos.

El relevamiento llegó al número de 80 contratos no renovados, que en su mayoría pertenecían a personal del área de Desarrollo Humano (ex Desarrollo Social). Según Azcué, el funcionario a cargo le dijo que “ya no necesitaba de esos servicios”. En la práctica, la explicación oficial redundó en la necesidad de ajustar el gasto público ante la crisis económica y financiera que atraviesa el municipio.

Tras la denuncia de los sindicatos y la polémica que generó la incertidumbre que denunciaban los trabajadores, el intendente hizo declaraciones públicas dándole un tono político a la decisión. Aseguró que entre las personas despedidas había “ñoquis, presos y gente que no iba a trabajar”. Ni los gremios ni el municipio dieron precisiones sobre cuántos de esos 80 eran, efectivamente, ñoquis o presos.

La caída de recursos en Concordia
El contexto en la ciudad entrerriana es el mismo que en todo el país: caída de la recaudación y la coparticipación. Según datos oficiales, se habla de unos 200 millones de pesos menos de recaudación respecto de 2024. El secretario de Hacienda, Pablo Ferreyra, mencionó que la ciudad está gestionando con un mínimo histórico de recursos. “El año pasado, y la tendencia se mantiene este año, la municipalidad administró la menor cantidad de recursos de al menos los últimos cinco años. Mucho menos recursos, comparativamente, inclusive que con la pandemia”, declaró el funcionario.

En esa línea, advirtió que las proyecciones para lo que resta del año indican una caída del 4 o 5 por ciento en la coparticipación. “Es posible que en 2025 la coparticipación sea menor en términos reales a la de 2024”, pronosticó.

Gremios en alerta en Entre Ríos
Ante ese contexto y con los telegramas enviados, el gremio que primero se puso en pie de guerra fue ATE, que no es el de mayor representatividad entre la planta de municipales en Concordia. Sin embargo, fue el que organizó la semana pasada una asamblea en los pasillos del Palacio Municipal al que asistieron afiliados con bombos y platillos para exigir ser recibidos por el intendente. Azcué no los atendió, pero mandó a su secretario de Gobierno, quien les otorgó una reunión y les prometió analizar los despidos “caso por caso”.

La promesa de revisión no significó una vuelta atrás en la decisión. Por el contrario, el revuelo pareció habilitar de alguna manera que la motosierra acelere un cambio. En las últimas horas, Azcué reunió a todo su Gabinete y equipo de gestión y les pidió más ajuste y revisión de gastos.

El pedido de ajuste al Gabinete
En la reunión de gabinete ampliado, el mandatario municipal informó a su equipo sobre “medidas que se están tomando” frente a la caída de ingresos por coparticipación nacional. Les habló de reducción y reordenamiento “de la estructura del gasto público”. El intendente se enfrenta a la disyuntiva de reasignar recursos para garantizar servicios esenciales y al mismo tiempo afrontar un vencimiento de deuda en dólares en agosto por 650 millones de pesos.

Según Hacienda, desde diciembre de 2023 ya afrontó pagos por esa deuda en dólares por 1.650 millones de pesos. “Estamos haciendo un uso eficiente y ordenado de los recursos, eliminando gastos innecesarios en cada una de las áreas, sabiendo que lo que viene por delante no será muy distinto a lo que estamos atravesando hoy”, le dijo Azcué a su funcionariado y le pidió que ajuste lo máximo posible el uso de los recursos.

El recorte a la oposición en Concordia
Este martes el intendente anunció que firmó un decreto mediante el cual reduce a la mitad la cantidad de asesores del bloque opositor en el Concejo Deliberante, que, según dijo, contaba con más de 30 puestos para «apenas cuatro ediles». «A partir de ahora, esos recursos se reasignarán en áreas esenciales de la administración como higiene urbana, atención ciudadana, y defensa al consumidor», planteó.

Gremios y «aguantaderos políticos»
El conflicto por los despidos escaló por el marco político que Azcué le imprimió a la decisión. A las declaraciones del intendente se sumaron las de una concejala que en medio de la sesión habló de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) como “aguantaderos políticos”. Los CDI fueron algunos de los espacios afectados con la reducción de personal. La edil Eliana Lagraña fue increpada horas después por un grupo de trabajadoras con las que compartía una peña, quienes le pidieron explicaciones sobre sus dichos acerca del lugar donde prestaban servicios.

A raíz de esa escalada, ATE y UOEMC, otro de los gremios, convocaron a una asamblea en los pasillos de la municipalidad a la que asistieron con bombos y cantaron contra Azcué, lo que no cayó bien en el Ejecutivo y generó un cruce que se neutralizó con la reunión con el secretario de Gobierno.

“Todo fue pacífico, pero la tensión y el malestar entre los trabajadores eran evidentes”, reconoció Cristian Selva de ATE Concordia, quien también denunció situaciones de intimidación. “Muchos compañeros vienen aguantando aprietes y amenazas de algunos funcionarios. También pedimos que se termine”, dijo.

Este martes, la CGT Regional Concordia emitió un comunicado en el que se solidariza con quienes sufren «el flagelo del desempleo y la precariedad laboral por parte del Estado».

Fuente: Letra P