La Liga de Concejales Justicialistas rechazó el proyecto de reforma del régimen previsional que impulsa el gobierno provincial y respaldó el reclamo de la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional. En un documento aprobado en un encuentro en la ciudad, advirtió que cualquier cambio debe apuntar a la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones sin recortar derechos adquiridos y cuestionó la orientación de ajuste que, sostuvo, replica la agenda del presidente Javier Milei.

En el texto, la Liga expresó su “acompañamiento al justo y legítimo reclamo” que viene llevando adelante la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional, al considerar que la Ley 8732 constituye “una de las principales conquistas” de la lucha colectiva de trabajadores activos y jubilados entrerrianos “para garantizar una vejez digna”. La organización política municipal planteó que la discusión sobre eventuales modificaciones “siempre es posible” cuando se trata de mejorar el sistema, pero remarcó que esa revisión no puede avanzar “en contra de derechos conquistados” por trabajadores y jubilados de Entre Ríos.

El pronunciamiento se conoce mientras la gestión del gobernador Rogelio Frigerio sostiene que busca “garantizar la sustentabilidad” del sistema a largo plazo y abrió rondas de intercambio con legisladores y gremios para presentar lineamientos de una reforma que modificaría aspectos de la Ley 8732, norma que estructura el régimen jubilatorio provincial. De acuerdo con información oficial, el Ejecutivo afirma que los cambios no afectarían a quienes ya están jubilados o pensionados, y que se preservaría el 82% móvil en el cálculo del haber inicial, aunque se evalúan herramientas de financiamiento y ajustes graduales en edades y años de aportes para futuros beneficiarios.

Para la Liga de Concejales Justicialistas, sin embargo, el debate debe enfocarse en cómo atender el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones “sin atentar” contra los derechos adquiridos. En esa línea, manifestó “preocupación” por lo que definió como una decisión del Gobierno Provincial de profundizar “una política de seguidismo” de las medidas de ajuste impulsadas por Javier Milei, en un contexto en el que —según señaló— el gobierno nacional “reprime a los jubilados en las calles”.