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Daniel Rossi repudió la imputación que le impuso la Justicia por presuntos delitos en la administración pública

El intendente de Santa Elena cuestionó la decisión judicial y aseguró que es víctima de una persecución.

El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y el funcionario municipal Marcelo Félix Fernando Medina fueron imputados este jueves por una serie de presuntos delitos vinculados con la administración pública.

Al respecto, el referente de Hacemos Futuro repudió la decisión de la Justicia: “Protege a los que se robaron un presupuesto, los contratos truchos, los créditos truchos y me persigue a mí”.

Además se desligó de la imputación: “En el 2015, cuando terminaba mi mandato quedó a cargo de la contaduría municipal un empleado de carrera de muchos años que tenía mucha honestidad. Luego estuvo Silvio Moreira que casualmente nunca lo llaman y lo imputan”.

La decisión judicial fue adoptada por los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano y Facundo Barbosa, en el marco de una investigación que involucra el nombramiento de un funcionario sin título habilitante y el presunto ocultamiento de expedientes que documentaban irregularidades administrativas.

La causa

La investigación contra Rossi tiene como uno de sus ejes la designación de Medina como contador municipal de Santa Elena en 2015. Según la hipótesis de los fiscales, Medina habría ejercido ese cargo sin contar con el título profesional habilitante exigido por la legislación vigente, situación que se habría mantenido durante años. Por ese hecho, a Rossi le imputaron los presuntos delitos de nombramiento ilegal de cargo público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa también avanza sobre el presunto ocultamiento de expedientes del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos vinculados a investigaciones por posibles perjuicios económicos al municipio. De acuerdo con la acusación fiscal, esa documentación estaba relacionada con actuaciones administrativas observadas por el organismo de control, entre ellas contrataciones, beneficios tributarios y otras decisiones de gestión. Por este aspecto, al intendente se le atribuyen presuntos delitos vinculados a la supresión de documentos públicos, violación de medios de prueba y fraude a la administración pública.