El Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay aprobó por unanimidad una ordenanza de alivio fiscal destinada a acompañar a los casi mil trabajadores afectados por el cierre total de Granja Tres Arroyos, paralizada desde el 26 de mayo. La medida, impulsada inicialmente por los bloques de La Libertad Avanza y La Libertad Avanza Entre Ríos, fue acompañada también por el bloque Juntos por Uruguay PJ, que destacó la necesidad de una respuesta integral frente a la emergencia social y económica que atraviesa la ciudad.
La ordenanza declara la emergencia fiscal municipal para los trabajadores que prestaban servicios en las plantas “La China”, Molino “Piensos” y Molino “Súper”, y establece la exención del 100% de la Tasa General Inmobiliaria y de la Tasa por Obras Sanitarias Municipales, exclusivamente para la vivienda única y permanente de cada familia afectada. El beneficio tendrá vigencia mientras continúe el cese de actividades, por un plazo inicial de un año, con posibilidad de prórroga.
Además del alivio tributario, el Municipio dispuso una inversión de 72 millones de pesos para la entrega de módulos alimentarios durante cuatro semanas consecutivas, en articulación con el Sindicato del Personal de la Industria de la Carne, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación y la Unión Molinera Argentina. El objetivo es garantizar que la asistencia llegue de manera organizada y eficiente a los hogares que atraviesan la crisis.
La ordenanza también solicita al Estado nacional que evalúe medidas complementarias: acceso ágil a prestaciones por desempleo, asignaciones familiares, programas de capacitación laboral y herramientas de acompañamiento para los grupos familiares. En paralelo, se pide al gobierno de Entre Ríos y a la Legislatura provincial que consideren un tratamiento de excepción para el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto a los Automotores, aplicable a la vivienda y al vehículo particular de los trabajadores.
Asimismo, se invita a empresas prestadoras de servicios públicos —como Gas Nea S.A. y Enersa— a implementar planes de pago sin interés, suspender cortes de suministro y ofrecer esquemas de refinanciación de deudas para aliviar la situación de las familias.
El impacto de la crisis de Granja Tres Arroyos se extiende más allá de los trabajadores directos. Según datos oficiales, alrededor de 120 criadores integrados abandonaron el sistema ante atrasos en los pagos y cheques rechazados, lo que provocó una fuerte caída en la escala operativa de la firma. La empresa, fundada en 1965, llegó a producir hasta 700.000 pollos diarios y es uno de los actores centrales de la cadena avícola nacional, con miles de empleos vinculados en la región.
Desde el bloque Juntos por Uruguay PJ remarcaron que el esfuerzo municipal debe ser acompañado por todos los niveles del Estado y por los actores privados que reciben contraprestaciones de los mismos vecinos afectados. “La crisis requiere una respuesta integral, solidaria y coordinada”, señalaron, reafirmando el compromiso de acompañar a cada familia y defender las fuentes de trabajo en un momento crítico para la economía local.
