El debate sobre el sistema tributario argentino volvió a ocupar el centro de la escena económica y política. En un contexto de caída del empleo formal, cierre de pymes y retroceso industrial, distintos espacios advierten que el país necesita una reforma tributaria integral que modifique la estructura de la recaudación y alivie la carga que hoy recae, de manera desproporcionada, sobre los sectores de menores ingresos.

En esta columna de opinión, el exdiputado provincial Néstor Loggio parte de un diagnóstico claro: en Argentina, proporcionalmente, los pobres pagan más impuestos que los ricos.

Mientras los grandes empresarios reclaman una baja generalizada de tributos —discurso amplificado por sectores mediáticos y políticos afines—, los datos muestran que la presión tributaria local (28% del PBI) es inferior a la de países desarrollados como Francia (45,4%), Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia (45%), Italia (41,5%), Alemania (40,1%), España (37,3%), Reino Unido (35,3%), Canadá (34,8%) o Brasil (33,3%).

La diferencia, recuerda Loggio, no está en cuánto se recauda, sino en quién paga. En esas economías, los impuestos progresivos financian ciencia, tecnología, educación, salud pública y desarrollo productivo. En Argentina, en cambio, el sistema se apoya en tributos regresivos que afectan más al consumo popular que a la riqueza concentrada.

El Foro Economía y Trabajo lo sintetiza en su último informe: los impuestos deben ser “progresivos, redistributivos, federales, productivistas, eficientes y soberanos”, gravando con mayor intensidad la riqueza y la renta extraordinaria, y aliviando la carga sobre salarios, consumo popular y pequeñas unidades productivas.

Para el exlegislador, hoy, el 70% de la recaudación proviene de impuestos indirectos, trasladados a precios de bienes y servicios, mientras que solo el 30% se origina en tributos directos al capital y las ganancias. Desde su llegada al Gobierno, Javier Milei profundizó esa brecha: redujo Bienes Personales, amplió exenciones para grandes compañías mediante el RIGI y el “súper RIGI”, y consolidó beneficios fiscales que favorecen a los sectores de mayor patrimonio.

El caso del empresario Marcos Galperin es ilustrativo: solo en 2025 obtuvo exenciones por cerca de 100 millones de dólares utilizando un régimen de promoción de la economía del conocimiento que nació para fomentar pymes tecnológicas y hoy, según especialistas, transfiere recursos hacia los actores más concentrados.

El texto advierte que el país pierde empleo formal, se achica el entramado pyme —motor histórico de la movilidad social ascendente— y se deteriora la industria nacional. Sin una base científico‑tecnológica sólida, señalan, no existe desarrollo posible. En esa línea, cita al economista surcoreano Ha‑Joon Chang y su obra Retirar la escalera, que explica cómo los países desarrollados construyeron su prosperidad sobre políticas activas de industrialización.

El modelo extractivista y de concentración de riqueza, afirman, solo garantiza bienestar para el 20% de la población, experiencia ya vivida en los ciclos de Martínez de Hoz, Carlos Menem y Mauricio Macri. La alternativa es un esquema de desarrollo con inclusión, basado en equilibrio fiscal —como planteó Néstor Kirchner—, promoción de exportaciones y fortalecimiento del mercado interno, que representa el 70% del PBI.

Los mejores años del país, concluye el análisis, fueron aquellos en los que el crecimiento se apoyó en empleo, salarios y consumo, generando un círculo virtuoso de inversión y expansión productiva. Recuperar ese camino, sostienen, requiere dirigentes con convicciones claras y un proyecto económico pensado para las mayorías.