La crisis económica que atraviesa Entre Ríos se profundiza en dos frentes simultáneos: municipios que evalúan subastar bienes públicos para pagar sueldos y un sector inmobiliario que denuncia que el Colegio de Corredores Inmobiliarios Públicos de Entre Ríos (CCPIER) está bloqueando nuevas inversiones en un momento crítico para la provincia.

Según sostuvieron fuentes del sector privado, mientras intendentes como Luis Gaioli, de Hernández, analizan desprenderse de terrenos, inmuebles y vehículos municipales para afrontar el pago de aguinaldos, desarrolladores y empresas del rubro inmobiliario aseguran que el Colegio mantiene una política “corporativa y restrictiva” que frena el ingreso de capitales y el desembarco de nuevas marcas.

La situación en Hernández expuso la gravedad del cuadro provincial. Gaioli confirmó que evalúa una subasta pública para cubrir obligaciones salariales. El intendente explicó que el municipio depende en un 70% u 80% de la coparticipación y que la inflación, sumada al aumento de costos operativos, generó un “cuello de botella” financiero imposible de sostener.

El panorama se repite en otras localidades pequeñas que funcionan como primera contención social ante la crisis.

El reclamo del sector inmobiliario

En paralelo, empresas inmobiliarias advierten que el CCPIER se ha convertido «en un obstáculo para el desarrollo económico provincial». Según denuncian, el Colegio mantiene una postura antifranquicias y antiredes que impide el ingreso de nuevos jugadores y frena proyectos de inversión, incluso en ciudades donde la demanda de vivienda y lotes crece.

Uno de los casos mencionados es el freno al desembarco de Red Like Entre Ríos, una red inmobiliaria que buscaba instalarse en la provincia y que, según fuentes del sector, encontró “barreras corporativas” por parte del Colegio.

Para los desarrolladores, la postura del CCPIER contradice los esfuerzos del gobierno provincial por atraer capitales mediante el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que ofrece exenciones impositivas por 15 años.

“Mientras el Estado intenta generar condiciones para invertir, el Colegio pone trabas que espantan a cualquiera”, señaló un empresario del sector.

La competitividad en la Región Centro

La tensión se da en un momento en que Entre Ríos ya arrastra una pérdida de $51.225 millones en el primer trimestre por la caída de la coparticipación. En ese contexto, «la falta de dinamismo inmobiliario —uno de los sectores más activos a nivel nacional— agrava la parálisis económica», señalaron.

Empresas del rubro advierten que la provincia corre el riesgo de consolidarse como “la hermana pobre de la Región Centro” si no se eliminan las barreras corporativas que impiden la llegada de inversiones.

La desregulación nacional acelera el conflicto

El conflicto se intensifica ante el avance del proyecto de desregulación que impulsa el ministro Federico Sturzenegger, que propone eliminar la matrícula obligatoria; el requisito de título universitario; las restricciones geográficas; los aranceles mínimos; y el poder sancionatorio de los colegios profesionales.

Sturzenegger calificó como una “aberración social” que un colegio profesional pueda fijar precios mínimos o impedir la entrada de nuevos operadores.

El CCPIER y el COFECI respondieron declarando un estado de “batalla”, argumentando que la desregulación afectará la seguridad jurídica. Pero para muchos actores del mercado, la cuestión es otra: «mientras los colegios defienden privilegios, los municipios rematan bienes para pagar sueldos y la economía provincial se paraliza».