Los diputados Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho presentaron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle qué acciones tomó frente a las recientes actividades de exploración y búsqueda de hidrocarburos impulsadas o autorizadas por el Reino Unido en las áreas marítimas circundantes a las Islas Malvinas. El planteo apunta a conocer la respuesta diplomática, administrativa y judicial del Gobierno ante lo que consideran una nueva acción unilateral sobre un territorio en disputa.
El proyecto solicita información precisa sobre seis puntos:
- Si el Gobierno tomó conocimiento de las actividades de exploración desarrolladas o proyectadas por empresas autorizadas por el Reino Unido.
- Qué actuaciones realizó la Cancillería frente a esos hechos.
- Si se presentaron o se prevé presentar protestas diplomáticas formales y en qué ámbitos internacionales.
- Si se promovieron acciones ante Naciones Unidas u otros organismos en defensa de los derechos soberanos argentinos.
- Si se iniciaron o se prevé iniciar acciones administrativas, judiciales o sancionatorias contra empresas involucradas sin autorización argentina.
- Cuál es la estrategia actual del Gobierno para impedir el avance de actividades unilaterales en el área en disputa.
“Una afectación directa de los derechos soberanos argentinos”
En los fundamentos, los diputados remarcan que la República Argentina mantiene un reclamo permanente e irrenunciable sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. También recuerdan que las Malvinas forman parte de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por lo que cualquier actividad unilateral del Reino Unido constituye “un desconocimiento de la jurisdicción argentina y una afectación directa de los derechos soberanos de una de nuestras provincias”.
El texto advierte que las exploraciones hidrocarburíferas sin autorización argentina vulneran el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas que instan a ambas partes a abstenerse de decisiones unilaterales mientras subsista la controversia de soberanía. Además, implican “la apropiación ilegítima de recursos estratégicos que pertenecen al pueblo argentino”.
Una política británica sostenida en el Atlántico Sur
Los diputados señalan que este episodio no es aislado, sino parte de una política sostenida del Reino Unido para consolidar su presencia en el Atlántico Sur. Mencionan el fortalecimiento de la base militar Monte Agradable, el otorgamiento unilateral de licencias pesqueras e hidrocarburíferas y el desarrollo de actividades económicas sobre recursos cuya titularidad corresponde a la Argentina.
“Esta línea de acción erosiona los derechos soberanos argentinos, afecta la administración de recursos estratégicos y condiciona la proyección nacional hacia el Atlántico Sur y la Antártida”, sostienen.
Reclamo de una respuesta diplomática firme
El proyecto subraya que, frente a estos hechos, es indispensable conocer qué acciones diplomáticas desarrolló el Poder Ejecutivo y cuál es la estrategia prevista para evitar la consolidación de actos unilaterales que lesionan el interés nacional.
“El Estado argentino debe sostener una respuesta diplomática firme y permanente”, afirman los diputados, quienes solicitan acompañamiento para la aprobación del pedido de informes.
