El gobierno de Rogelio Frigerio sumó el respaldo explícito de las principales entidades rurales de Entre Ríos a la declaración del estado de emergencia y desastre agropecuario para productores ganaderos y apícolas de zonas de islas y anegadizos afectados por la creciente de los ríos. La medida, formalizada mediante el decreto N° 3692, aparece además como una señal política de acompañamiento del sector productivo ante un escenario climático que amenaza con agravarse por la llegada de un nuevo ciclo de El Niño.
Desde las organizaciones agropecuarias destacaron la rapidez con que la administración provincial avanzó con la instrumentación de la emergencia, una herramienta que busca aliviar las consecuencias económicas derivadas de las inundaciones y facilitar el acceso a beneficios fiscales y financieros para los productores perjudicados.
El director del Distrito III de la Federación Agraria Argentina, Matías Martiarena, sostuvo que la declaración fue resultado de una gestión conjunta entre el sector y el Estado provincial. «Luego de una intensa gestión hemos logrado en tiempo récord y, en conjunto con el gobierno provincial, obtener el decreto de Emergencia Agropecuaria para ganadería y apicultura en las zonas de islas; donde realmente se están viviendo momentos muy complejos», señaló.
Martiarena remarcó además que la medida adquiere una relevancia especial frente a las proyecciones climáticas. «Sin dudas, esto es una herramienta más para los productores que están en una situación muy delicada, previendo también lo que puede llegar a ser uno de los peores fenómenos de El Niño de la historia», advirtió.
En la misma línea se expresó el dirigente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Ronald Garnier, quien valoró la respuesta oficial ante la situación hídrica. Según indicó, la declaración tiene vigencia desde el 1 de agosto e incluye a los productores que debieron tomar decisiones antes de la formalización de la medida. También destacó que la evacuación de las islas se está desarrollando de manera ordenada y que los damnificados cuentan con tiempo para tramitar los beneficios contemplados.
Desde la Sociedad Rural Argentina, Juan Diego Etchevehere consideró que la decisión del gobierno provincial resulta «acertada y necesaria» frente al deterioro productivo generado por la creciente. El dirigente destacó que la emergencia reconozca no sólo las pérdidas directas, sino también los mayores costos de traslado, alimentación y arrendamiento de campos, así como las ventas forzadas de hacienda.
Etchevehere subrayó además la importancia de las exenciones y diferimientos impositivos previstos para los productores afectados, aunque planteó que el siguiente paso deberá ser la homologación nacional de la emergencia para activar los beneficios contemplados en la Ley 26.509 y facilitar el acceso a instrumentos financieros, crediticios e impositivos.
Por su parte, el presidente de FARER, Sergio Dalcol, también elogió la velocidad con que actuó la administración provincial. A diferencia de fenómenos repentinos como el granizo o las sequías, sostuvo que el avance de las aguas permitía prever parte de sus consecuencias, aunque remarcó que igualmente era necesario un acompañamiento estatal para amortiguar las pérdidas económicas.
El respaldo simultáneo de Federación Agraria, Fedeco, Sociedad Rural y Farer le permite a Frigerio mostrar una foto de alineamiento con las principales entidades agropecuarias de la provincia en torno a una de las medidas adoptadas frente a la emergencia hídrica.
