La situación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) sumó un nuevo capítulo político, luego de que el bloque de diputados justicialistas presentara un proyecto de declaración para advertir sobre lo que calificaron como una grave crisis que afecta el acceso a la salud de los cerca de 300 mil afiliados de la entidad. La respuesta oficialista no tardó en llegar: desde Juntos por Entre Ríos defendieron las auditorías implementadas por la obra social y acusaron al peronismo de intentar deslegitimar controles destinados a proteger los recursos de los afiliados.
Desde el PJ sostuvieron que, desde la creación de OSER en junio de 2025, «los problemas se han ido incrementando», y señalaron como principal evidencia el conflicto abierto con los prestadores médicos a raíz de los débitos aplicados por la obra social sobre honorarios facturados. Según indicaron, esa disputa derivó en la suspensión transitoria de la atención médica en internación dispuesta por la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER).
Los legisladores opositores también advirtieron sobre la situación de cuidadoras y cuidadores domiciliarios, quienes, según denunciaron, enfrentan atrasos en los pagos, ausencia de fechas ciertas de cobro y descuentos de horas que consideran injustificados. Alertaron que esta situación pone en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales para personas con discapacidad y adultos mayores.
A ello agregaron la creciente judicialización de la cobertura médica. Según el bloque peronista, la necesidad recurrente de promover acciones de amparo para acceder a medicamentos y tratamientos está provocando que recursos de la obra social terminen afectados a embargos y gastos judiciales en lugar de destinarse a prestaciones de salud.
Frente a estas críticas, el bloque de Juntos salió en defensa de la conducción de OSER y aseguró que las auditorías detectaron importantes inconsistencias en la facturación presentada por prestadores. Según datos difundidos por la obra social, sobre 106 internaciones revisadas se encontraron facturaciones duplicadas en 80 casos, además de prestaciones atribuidas a profesionales que no integran el registro de prestadores, presentaciones fuera de término y otras irregularidades administrativas.
«¿Qué pretenden los diputados del PJ? ¿Que se pague igual? ¿Que se mire para otro lado?», cuestionaron desde el oficialismo, al considerar que la oposición busca cuestionar mecanismos de control que consideran indispensables para garantizar la correcta utilización de los fondos de la obra social.
En ese sentido, remarcaron que las observaciones detectadas deben ser verificadas y conciliadas entre las partes, pero sostuvieron que ninguna institución puede exigir la eliminación de controles como condición para mantener la atención. «Los recursos de la obra social salen del esfuerzo de los trabajadores y deben volver en medicamentos, tratamientos y servicios de salud», argumentaron.
El bloque oficialista también rechazó la interpretación sobre el alcance de las medidas adoptadas por FEMER. Según señalaron, las internaciones y cirugías no se encuentran suspendidas y la decisión de la entidad médica alcanza únicamente a las consultas realizadas durante las internaciones por profesionales nucleados en la federación. Bajo esa lectura, acusaron al PJ de generar incertidumbre entre los afiliados con fines políticos.
Respecto de los cuidadores domiciliarios, Juntos afirmó que OSER mantiene un esquema de pago a 30 días desde la presentación de la factura, un plazo que, según sostuvieron, es menor al que se aplica a otros prestadores. Además, defendieron las auditorías sobre las horas facturadas y desafiaron al justicialismo a demostrar documentalmente que los descuentos denunciados son improcedentes.
La discusión también derivó en una disputa sobre los resultados de gestión. Desde el oficialismo señalaron que OSER brinda cobertura a 288.891 afiliados, de los cuales más de 9.300 cuentan con Certificado Único de Discapacidad. Destacaron además que entre enero y octubre de 2026 se aprobaron 16.538 trámites vinculados a discapacidad, un 83,57% más que en igual período de 2025, y que el tiempo promedio de resolución descendió de 30,55 a 17,89 días.
Asimismo, remarcaron un incremento en las autorizaciones de prácticas de alta complejidad. Según los datos difundidos, las resonancias de alto campo autorizadas pasaron de 6.927 a 14.681 y las prestaciones de radioterapia de 390 a 597 entre los primeros diez meses de 2025 y de 2026.
Sin embargo, el contrapunto excedió la coyuntura sanitaria y se trasladó al terreno político. Juntos vinculó los problemas actuales con la situación financiera y administrativa heredada del antiguo IOSPER, recordando que al momento de la intervención se denunció una deuda superior a los 42.800 millones de pesos y remuneraciones que, actualizadas a valores actuales, superarían los 26 millones de pesos mensuales para las máximas autoridades.
«Necesitan que la historia empiece en junio de 2025 para borrar todo lo anterior», sostuvieron desde el oficialismo, al tiempo que responsabilizaron al peronismo por haber conducido la provincia durante dos décadas sin corregir los mecanismos que, según afirman, dieron origen a los privilegios y desequilibrios financieros de la obra social.
