La disputa por el estado de las rutas nacionales en Entre Ríos sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal de Victoria, Federico Martín, admitió formalmente el amparo presentado por los legisladores nacionales peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay contra el Estado nacional y ordenó al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Vialidad que informen, en un plazo de tres días, el destino de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles que, por ley, deben destinarse al mantenimiento de la infraestructura vial.
La resolución se dictó en el expediente «Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ amparo Ley 16.986» (N° 12957/2026). Los organismos demandados fueron notificados la semana pasada y desde entonces corre el plazo judicial para presentar su informe.
El reclamo sostiene que los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), alimentado por una porción del impuesto a los combustibles, poseen una afectación específica establecida por ley y únicamente pueden ser utilizados para obras y mantenimiento vial. Según la presentación, el Gobierno habría retenido esos fondos y los habría colocado en instrumentos financieros con el objetivo de fortalecer el equilibrio fiscal, en lugar de destinarlos a las rutas.
La acción judicial apunta directamente a la situación de los corredores nacionales que atraviesan Entre Ríos, entre ellos las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174. Los demandantes reclaman no sólo explicaciones sobre la utilización de los recursos sino también la reactivación de las obras y tareas de mantenimiento actualmente postergadas.
El planteo se apoya en un relevamiento que indica que entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SISVIAL más de 1,5 billones de pesos a nivel nacional. Sin embargo, según los datos incorporados al amparo, apenas $394.406 millones fueron aplicados a obras viales. Es decir, cerca de tres cuartas partes de los recursos no llegaron a las rutas. Además, al 31 de mayo de este año, más de un billón de pesos permanecía invertido en títulos públicos y plazos fijos. De acuerdo con la presentación, el propio Gobierno nacional reconoció que esos recursos son computados para sostener el resultado fiscal.
La ofensiva judicial se produce en un contexto de creciente debate por la situación de la red vial nacional y por la decisión de la administración de Javier Milei de reducir significativamente la inversión en obra pública. En Entre Ríos, intendentes, sectores productivos y dirigentes de distintos espacios políticos vienen advirtiendo sobre el deterioro de corredores estratégicos para la producción, el turismo y el transporte de cargas.
A ese escenario se suma la reciente concesión por 20 años de 276 kilómetros de rutas entrerrianas, dispuesta por Nación el pasado 7 de octubre. La medida abarca el tramo de la Ruta Nacional 18 entre Paraná y Puerto Yeruá y el de la Ruta Nacional 12 entre Crespo y Paraná. Sin embargo, los impulsores del amparo sostienen que esa decisión no explica qué ocurrió con los fondos acumulados durante los últimos dos años ni resuelve la situación del resto de la red vial nacional en la provincia.
Tras conocerse la resolución judicial, Michel defendió la presentación y aseguró que existe una retención indebida de recursos que pertenecen al sistema vial. “El gobierno está reteniendo de manera ilegal la porción del impuesto a los combustibles destinada a la reparación de las rutas. Cada vez que un argentino carga combustible, el 28% de ese impuesto se destina al arreglo de rutas y esa plata no se está enviando”, afirmó.
El dirigente entrerriano explicó que la presentación fue realizada junto a Bahl y Marclay con el objetivo de que la Justicia obligue al Estado nacional a cumplir con la normativa vigente. “Recurrimos a la Justicia Federal para que se cumpla con la ley y esa plata se envíe a Entre Ríos para la reparación de las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia, como la Ruta 14, la Ruta 12 y la Ruta 136, entre otras”, sostuvo.
La causa abre ahora una instancia para conocer oficialmente cuál fue el destino de los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles y si efectivamente fueron utilizados con fines distintos a los previstos por la legislación vigente.
