“Si la plata no entra esta semana va a haber medidas gremiales”. Así confirmó el titular del gremio de trabajadores de Salto Grande lo que podría suceder esta semana si el gobierno nacional no empieza a regularizar la deuda que mantiene con las hidroeléctricas de todo el país. Sergio Benítez, titular de SIATRASAG, advirtió que el desfinanciamiento a las represas no solamente afecta a la planta de trabajadores sino que pone en riesgo los más de 450 kilómetros de red que atiende la binacional arraigada entre Concordia y Salto (Uruguay).

La deuda de Nación con Salto Grande por gastos operativos y producción asciende a unos 5000 millones de pesos que corresponden a lo producido durante enero y febrero. El último pago fue en diciembre, y generalmente los cobros son a los 45 o 60 días. Este monto de 5000 millones de pesos se suma a la deuda por excedentes y regalías que el gobernador Rogelio Frigerio decidió judicializar.

“Nación pagó diciembre y todavía están debiendo enero. Solamente la partida económica de febrero supera los 3000 millones de pesos, o sea que la deuda es de 5000 millones de pesos mínimo”, precisó Benítez a Tareafinanoticias.com

El atraso en los giros del Estado afecta directamente la estabilidad salarial de los empleados, que solo del lado argentino son 280.

La deuda

Salto Grande cobra por lo que produce: por la potencia disponible y por la energía generada. De lo que cobra por energía, una parte va a regalías. Los excedentes desde larga data ya no existen, y por eso el gobierno provincial debe sostener con fondos propios el funcionamiento de la CAFESG. Para funcionar, Salto Grande presenta todos los años un presupuesto que es aprobado por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía. Ese presupuesto anual es el que se paga por partidas económicas cada mes, con 45 y hasta 60 días de atraso.

“Salto Grande es sin dudas la empresa estatal más eficiente”, afirmó Benitez. En ese sentido, dijo que no hay una preocupación por un posible “coletazo” de los despidos en Yacyretá porque en la represa local están “casi al límite” con la cantidad de personal. Sí hay una advertencia por la deuda y el impacto que podría generar en los sueldos de abril. “No está la plata todavía y si no llega esta semana, tenemos que evaluar medidas gremiales”, adelantó.

Preocupación por la deuda que generó Caputo

Al gremio le preocupa también la intervención que de hecho hizo el ministro Luis “Toto” Caputo a la secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo. Según el medio LPO, Caputo lanzó un takeover de la secretaría. El ministro no le suelta los recursos para cumplir con los pagos por la energía que venden las centrales a Cammesa, incumpliendo los contratos vigentes. Pero además frenó obras licitadas por Sergio Massa sobre el final de su mandato para sumar centrales de energía eléctrica por 3.000 megas.

Esta deuda con las empresas del sector es lo que a los gremios les preocupa por demás. Demoras en los pagos hubo siempre, pero el antecedente de recortes y ajustes más inmediato eleva la alarma.

Motosierra en Yacyretá

El gobierno nacional anunció la semana pasada el despido de personal de Yacyretá en tres provincias.

El capítulo argentino del Ente Binacional Yacyretá, la principal generadora hidroeléctrica del país, entró la semana pasada en el lote de organismos sujetos a los recortes oficiales. Por orden del gobierno de Javier Milei, un centenar de integrantes de su planta de personal recibió un telegrama de despido, según publicó Letra P. En las últimas 72 horas, cien personas que prestan servicios distribuidas entre Buenos Aires, Posadas y Corrientes fueron notificadas de su desvinculación, sin que hasta el momento se sepan las razones ni se hayan depositado las indemnizaciones correspondientes. Es más, se especula que una cifra similar recibirá en los próximos días un telegrama de desvinculación.

Tras el triunfo de Milei, la conducción de Yacyretá fue entregada en forma de pago a Mauricio Macri por el respaldo electoral del jefe del PRO a La Libertad Avanza: fue una de las poquísimas demandas del expresidente a la administración naciente. Al frente del ente, como director ejecutivo, fue designado el ingeniero Alfonso Peña, un excompañero de Macri en el Cardenal Newman, pero también con un vínculo muy cercano al ministro de Finanzas, Toto Caputo. En Salto Grande, el designado por Milei fue Alejandro Daneri, un diplomático de carrera vinculado al PRO y cercano familiarmente a Frigerio.

La reacción gremial

Uno de los argumentos esbozados por Peña y sus subalternos es el supuesto crecimiento desmedido de la planta de personal, un dato más que relativo si se lo compara con el volumen del capítulo paraguayo del ente. Hasta antes de los despidos, Argentina contaba con un plantel apenas inferior a los 600 personas, mientras que el país vecino cuenta con uno de 1.800. En Salto Grande, la planta total entre uruguayos y argentinos no supera los 600.

SIATRASAG participó junto a la Asociación de Personal Argentino en Yaciretá, el gremio que representa a los trabajadores, de la reunión en la que se reclamó que se reviertan los despidos y calificó la medida de “discrecional y arbitraria”. También participó la CTA.