La discusión por la reforma previsional sumó un nuevo capítulo este martes en el Senado. El bloque del PJ solicitó la intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) para elaborar un informe actuarial independiente antes de avanzar con una modificación estructural del sistema. El planteo coincide con la posición de la Liga de Intendentes Justicialistas, que ya había reclamado estudios técnicos objetivos durante las reuniones de comisión.

Los senadores opositores fundamentaron su pedido en el artículo 41 de la Constitución de Entre Ríos, que exige que toda normativa previsional se base en criterios técnicos que aseguren proporcionalidad entre aportes y beneficios, considerando edad, años de servicio y participación del Estado. Cualquier alteración sin una valuación actuarial adecuada —advirtieron— podría derivar en vicios de inconstitucionalidad.

Intendentes y especialistas piden rigor técnico antes de votar

La Liga de Intendentes Justicialistas había planteado días atrás la necesidad de contar con estudios actuariales independientes que permitan proyectar con precisión el impacto de la reforma impulsada por el Ejecutivo. El Consejo Profesional, que ya participó de las comisiones del Senado, también advirtió sobre el déficit del sistema y la necesidad de medidas que garanticen sustentabilidad sin afectar derechos.

Los senadores del PJ remarcaron que el proyecto oficial presenta omisiones relevantes, entre ellas:

• La falta de escenarios que contemplen la deuda de ANSES con la provincia.
• La ausencia de proyecciones sobre la evolución de recursos vinculados al IVA.
• La inexistencia de un análisis actuarial integral que permita evaluar el impacto real de los cambios.

“No se trata solo de números: se trata de derechos”

El senador Víctor Sanzberro sintetizó la postura del bloque: “La discusión previsional requiere responsabilidad y sustento técnico. No se trata solo de números, sino de garantizar derechos y previsibilidad para miles de entrerrianos y entrerrianas”.

El pedido establece que el informe deberá ser elaborado con plena autonomía metodológica, firmado por actuarios matriculados y validado por el Consejo Directivo del CPCEER, para asegurar su rigurosidad y validez técnica.

El reclamo del PJ se suma a las advertencias de la Defensoría del Pueblo de Paraná, que la semana pasada cuestionó varios puntos del proyecto por su impacto sobre mujeres trabajadoras y personas mayores, y alertó sobre posibles conflictos de constitucionalidad.

En paralelo, economistas y especialistas vienen señalando que la reforma se discute en un contexto de fuerte deterioro fiscal, caída de recursos nacionales y tensiones entre el Ejecutivo provincial y los gremios estatales.