El caso del loteo “Paisaje Costero”, ubicado en la zona sur de Paraná, volvió a poner en discusión el funcionamiento de los mecanismos de control en el mercado inmobiliario entrerriano. El desarrollo fue suspendido por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos tras detectarse que se realizaba sobre una reserva natural protegida y sin las autorizaciones correspondientes.
La intervención oficial incluyó la notificación al Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, debido a que el emprendimiento se promocionaba en redes sociales sin contar con estudios de impacto ambiental ni habilitaciones administrativas. Según fuentes oficiales, el organismo provincial informó que el loteo presentaba desmontes, quemas y afectación de cursos de agua.
Debate nacional y posiciones contrapuestas
En paralelo al caso, continúa el debate nacional sobre la desregulación del corretaje inmobiliario. En ese contexto, distintas figuras del sector expresaron posiciones divergentes sobre el rol de los Colegios profesionales.
El histórico dirigente José María Armándola, expresidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, sostiene que la colegiación obligatoria constituye un mecanismo de ordenamiento profesional y un resguardo para la ciudadanía. Su postura se enmarca en la defensa del sistema actual de matriculación y control ético.
Por otro lado, sectores que acompañan la desregulación impulsada por el Gobierno plantean que la seguridad jurídica depende principalmente del sistema judicial, de la actuación notarial y de la correcta redacción contractual. Entre ellos, el empresario Jorge Amoreo Casotti cuestionó la eficacia de los Colegios como garantes exclusivos de ese concepto.
El caso “Paisaje Costero”
El episodio del loteo en Paraná derivó en el señalamiento a una persona vinculada a la comercialización del emprendimiento. De acuerdo con la información oficial, la Secretaría de Ambiente detectó que el proyecto se ofrecía públicamente sin autorización y sin haber cumplido los procedimientos ambientales exigidos por ley.
La situación abrió interrogantes sobre los mecanismos de control existentes y sobre la capacidad de los organismos profesionales para intervenir ante ofertas que no cuentan con respaldo administrativo. Hasta el momento, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios no emitió una posición pública sobre el caso.
Mientras avanza la discusión legislativa sobre la desregulación del sector, especialistas coinciden en que el caso de Paraná será uno de los antecedentes que se analizarán para evaluar el funcionamiento de los sistemas actuales de control y la necesidad —o no— de introducir modificaciones.
El expediente administrativo sigue en curso y las autoridades provinciales continúan evaluando la documentación vinculada al emprendimiento.
