Técnicamente, el recurso de revocatoria in extremis está orientado a subsanar la “injusticia flagrante o grosera”, derivada de una resolución de mérito (sentencia definitiva o interlocutoria) asentada en un error material palmario y ostensible, que no puede modificarse por vía de la aclaratoria, ni a través de los restantes recursos procesales reconocidos por la ley. Se trata de que el mismo tribunal que emitió la resolución, frente a un error de cierta magnitud, que sea trascendente, grave y que de modo diáfano refleje la falta de correspondencia con la realidad fáctica de la causa, corrija lo decidido y supere la falla.
El conflicto se resume así: el año de inicio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) revirtió una medida tomada en la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) y redujo de 3,5% a 2,32% el coeficiente de fondos que debe recibir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales habían sido incrementados por el traspaso del área de Seguridad de la Nación a la órbita porteña.
La Ciudad presentó un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, que aún no resolvió sobre el fondo aunque dictó una medida cautelar en la que estableció que la Nación debe enviar a la Ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables mientras dure el proceso judicial.
La sentencia de la Corte mereció una fuerte crítica del Gobierno Nacional.
El Gobierno nacional contestó al día siguiente de la resolución del alto cuerpo con un comunicado en el que señaló que el fallo es “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, anunció que recusará a los jueces de la Corte y presentará un pedido de revocatoria del fallo. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acusó al Poder Ejecutivo Nacional de “atentar contra el Estado de Derecho” por incumplir un fallo del máximo tribunal del país. Días más tarde, el Presidente volvió a insistir con los recursos y las recusaciones, pero anunció que el Estado nacional pagaría con bonos lo que exigió la Corte.
Luego, decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema y presentar un pedido de revocatoria «in extremis» contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.
«En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe», argumentó el Gobierno Nacional.
Fue el paso previo a lo que ahora se discute en el Congreso de la Nación: el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte, que anunció el Presidente el 1° de enero, pero que finalmente firmaron los legisladores del oficialismo.
En su momento, el fiscal de Estado apuntó que «las provincias en general estamos presentándonos apoyando ese planteo del estado nacional atento a que de una manera indirecta vamos a sufrir consecuencias patrimoniales respecto a la sentencia de la Corte».
Explicó que «si bien la decisión cautelar no afecta la coparticipación secundaria, sí afecta la coparticipación primaria y al disminuir los recursos destinado al estado nacional que a su vez se los destina a las provincias para desviarlos hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indudablemente causa o va a causar un perjuicio concreto que todavía no sabemos la medida ni a qué provincia ni a cuantas, puede ser una o más le va a producir consecuencias en las prestaciones de sus servicios, obras o lo que fuere».
El escrito que presentó el fiscal de Estado ante la Corte dice: “La República Argentina, es un país profundamente desigual. Hay muchos trabajos realizados con rigor científico que así lo acreditan, por ejemplo, todas las elaboraciones realizadas por el Programa de Naciones Unidas sobre el Índice de Desarrollo Humano, que ilustran las desigualdades señaladas. Una de las finalidades de la coparticipación consiste en procurar equilibrar el desarrollo humano. Por lo tanto resulta inaceptable que tanto los índices de coparticipación primaria como secundaria, se decidan solo entre dos partes, sin intervención del resto de las provincias. Esta motivación en particular se hace nítida a partir de los fundamentos de la resolución cautelar emitida por la Corte Suprema y justifica nuestra enfática pretensión de intervención en la causa”.
Fuente: Entre Ríos Ahora
